de Chota, Cajamarca. La otra, es el proyecto de ley, presentado por el ejecutivo, que penaliza el trabajo periodístico de investigación, cuando se trata de casos de corrupción.
Comencemos por el primero. Los ronderos aparecieron en los distritos de Chota, en la década de los setenta, y el presidente se precia de haber sido rondero, para enfrentar el abigeato, pero también impidió el ingreso de sendero luminoso en la región de Arequipa. En ese momento se saludó su trabajo, pese a los excesos que ya cometían contra los derechos individuales de las personas, que sólo las pueden ejercer las autoridades jurisdiccionales.
Pero lo que ha sucedido con los periodistas de América Televisión, secuestrados, amenazados y vejados, nos recuerda la tragedia de Uchuraccay, aunque la situación es diferente. No está claro cuál fue el detonante de la matanza, pero arriesgo a especular, fue la resistencia de Willy Retto de entregar su cámara en la que estaba registrando en encuentro entre los periodistas con los comuneros, y se ve en una imagen, como Sedano, de rodillas entrega su cámara.
Los periodistas de América Televisión entregaron sus cámaras, y posiblemente fue porque fueron amenazados, no de muerte ni se hubieran enfrentado a los 50 ronderos que los rodeaban para defender su material. Lo entregaron, repetimos para preservar su integridad física y ser puesto en libertad, luego de desmentir, en una llamada desde su teléfono celular y bajo amenazas, de que la cuñada del presidente Castillo no había cometido ningún delito.
De no sancionarse este tipo de actitudes de los ronderos o comités de autodefensa, a quienes se les quiere ahora dotar de armamento, la situación en el país puede ponerse mucho más crítica. Ya ha terminado el terrorismo y lo que queda en el VRAEM es un remante de sendero luminoso aliado con el narcotráfico. No es un peligro para el país.
Hay una propuesta ´para derogar las mleyes que reconocen a los ronderos para el patrullaje en las zonas rurales y otras con relación a los comités de autodefensa, que cumplieron un rol importante en su momento. Pero lo que hay que reforzar, si se quiere tener mayor presencia del estado en el sector rural, es dotar de presupuestos para que los distritos tengan cuerpos de serenazgo, y hay que buscar la forma de capacitarlos, para que no cometan los excesos que están cometiendo las rondas campesinas.
Pero lo más preocupante, es el proyecto de ley presentado por el congreso, que con toda precisión se le ha calificado como la ley mordaza, porque afecta no sólo a los periodistas en el ejercicio de sus funciones, sino a los operadores judiciales, para que no informen sobre sus investigaciones, especialmente en los casos de corrupción.
El proyecto, firmado por el presidente Pedro Castillo y el ´primer ministro Anibal Torres, sanciona a los fiscales y juces, que den información a los periodistas de los procesos en curso. Los fiscales, cuando informan en la actualidad, informan de lo que han encontrado en su investigación, pero no adelanten juicio, salvo al final de su trabajo, cuando entregan el expediente al juez y señalan cual es la pena que están proponiendo.
Los juicios son públicos y el juez puede informar a la prensa como va el proceso, pero no adelantar juicio si es o no es culpable, porque sería recusado por la parte afectada. Si as{i es en la actualidad, no existe razón para que se dicte una norma que les impida a ellos informar sobre las investigaciones y procesos sobre corrupción que vienen realizando.
Por otra parte, el periodismo de investigación siempre ha tenido fuentes que le informan algo que ocurre al interior de las instituciones del estado, que no se quiere que se conozca. Estas son las fuentes privilegiadas y el periodismo tiene el derecho de no revelarlas. La ley propone sanciones al periodista tanto por informar la noticia y encina, por no revelar la fuente.
Desde JORNADA, rechazamos este intento de silenciar al periodismo en su tarea de investigar los casos de corrupción, y se propone, justo cuando el entorno del presidente Pedro Castillo está siendo investigados. Y no dudamos que será aprobado por el congreso, ya que tienen una ley similar aprobada por unanimidad en la Sub Comisión.
Es que también los congresistas no quieren que se les investigue, como el caso de los “niños de AP” y otros tantos “críos” que están por ahí ofreciendo favores.
Torres, incluso, dirigió sus cuestionamientos a la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien se ha pronunciado en contra de la medida.
“He escuchado a la señora fiscal de la Nación decir que la sociedad necesita ser informada cuando, ustedes, los periodistas, le preguntan por el proyecto de ley. Ella, al decir eso, está violando la ley, ahí hay una falta grave, si yo estuviera en la Junta Nacional de Justicia inmediatamente la llamo para que me aclare cómo es eso”, manifestó en conferencia de prensa.
El primer ministro, además, dijo que no cree que la información sobre las investigaciones fiscales “salga gratis”, porque esta “es parcializada”. “Se saca un dato con el cual se pueda atacar a las personas […] No está bien que una persona por el simple hecho de haber sido denunciada, ya la fiscalía saca la información, la prensa, ‘este es un tal por cual’, quién nos subsana después de esto”, finalizó.
