La Corte Suprema de Justicia del Perú declaró al Estado como tercero civilmente responsable en el caso de la masacre de Accomarca, ocurrida el 14 de agosto de 1985 durante el conflicto armado interno en Ayacucho. Esta decisión permite que 62 familias de víctimas —entre ellas mujeres, niños y ancianos— accedan a una reparación económica por el crimen cometido por agentes del Ejército bajo órdenes militares.
La masacre, liderada por el subteniente Telmo Hurtado, dejó entre 60 y 74 fallecidos. Aunque en 2005 el Estado fue inicialmente señalado como responsable, esta atribución fue omitida en la sentencia condenatoria de 2016 y en la revisión de 2018, lo que impidió que los familiares recibieran indemnización.
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, explicó que la inclusión del Estado como corresponsable se debe a que los perpetradores actuaron como funcionarios públicos cumpliendo órdenes militares, estableciendo así una conexión directa con el Estado. Además, señaló que el Estado asumirá al menos el 50 % del monto total de la reparación, estimado en S/150,000.
El fallo de la Corte Suprema corrige una “omisión judicial” que impedía a las familias iniciar el reclamo económico. En 2019, los abogados de las víctimas solicitaron una aclaración que se retrasó por la pandemia, hasta que en 2024 se reactivó el proceso y finalmente se emitió el dictamen definitivo.
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