Andrés Solari | Palabras de un mudo
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De acuerdo a ley vigente se supone que desde el 2003 el Perú viene implementando el proceso político reformista de Descentralización del Estado Nacional como uno de los instrumentos básicos para la modernización y mejoramiento de la gestión pública. Es decir, una sensata estructura constitucional de Estado Unitario y Descentralizado.
Un diseño novedoso para erradicar ciertos vicios de gestión e injusticias tratando de humanizarnos entre peruanos aspirando a practicar un justo Estado de Derecho hasta el más humilde rincón de la Patria.
Un intento de escuchar sus voces y reconocer sus derechos y aspiraciones en forma más representativa, solidaria y legitimada.
Este proceso de transición de Estado Centralista a Estado Descentralizado con sus respectivos Estados Regionales o Gobiernos Regionales demanda un tipo de autoridades con mentalidad y capacidades políticas que sepan administrar ese constante tránsito entre la significancia nacional y regional y la equidad de poderes en las grandes tomas de decisiones y coincidencias de pensamiento estratégico.
Donde la acción del Estado nacional y regional siempre estén orientadas al desarrollo humano en todo el territorio nacional, en derrotar índices de pobreza monetaria, anímica e intelectual, fortalecer la visión y el pensamiento político y democrático en forma transparente y pedagógica y asegurar la igualdad en el acceso a oportunidades.
Como base previa constante siempre habrá que considerar a los gobiernos locales como células bases para ese eje ejercicio de virtudes democráticas. Todo ello y mucho más sin descuidar estrategias de crecimiento económico constante y solidario, con memoria histórica, pensamiento crítico y aspiraciones para incorporarse de manera activa a este reto para el bienestar común.
Según el diseño y la narrativa de la ley de Descentralización reformista promulgada el 2003 a eso apunta su espíritu reformista participativo y fortalecedor de células sociales en cada región.
Desgraciadamente no lo hemos entendido así en los 20 años ya transcurridos. Siempre nos ha dañado ese contradictorio mensaje populista de quienes irresponsablemente, autotitulándose defensores de la democracia y representantes del pueblo.
Se nos han mostrado ignorantes del diseño participativo y reforzamiento o entrenamiento constantes para mejorar las capacidades ciudadanas e institucionales de sus respectivas regiones en coherencia con el espíritu del cuerpo de leyes que originó la reforma de modernización del Estado Peruano a partir del 2003.
La mayor evidencia de esa deslealtad e incumplimiento es que ni siquiera mencionan la existencia del citado cuerpo de leyes.
Evidente es, además, la ineptitud del árbitro, en este caso la Presidencia del Consejo de ministros – a través de su Secretaría de Descentralización -; el Parlamento Nacional – a través de su Comisión de Regionalización -; los diferentes Ejecutivos y Consejos Regionales transcurridos; la inexistencia de los Consejos de Coordinación Regional – CCR – irresponsabilidad de los gobiernos locales siempre ausentes.
Ahora bien, después de esta reflexión tengo más claro del porqué el Perú sigue agudizando su crisis política, madre de la crisis económica y social existente.
Mi preocupación aumenta cuando ya veo a algunos personajes preparando sus maletas electorales para los siguientes procesos nacionales y regionales con la misma ignorancia, irresponsabilidad y discapacidad política que este artículo trata de describir.
