La familia de Jazmín Villarroel Huachaca, una joven de 20 años que perdió la vida en la provincia de Huanta, exigió que la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (DREA) emita el informe final del proceso administrativo disciplinario iniciado contra un docente del Instituto Superior Tecnológico Público de Huanta, el cual —según denunciaron— permanece sin resultados pese a haber sido presentado hace más de seis meses.
De acuerdo con los familiares, la denuncia administrativa fue formulada en agosto de 2025. Sin embargo, hasta la fecha no se ha emitido una recomendación formal ni una decisión dentro del procedimiento que evalúa presuntas faltas graves a la ética docente.
“Hasta ahora no tenemos una respuesta concreta. Ha pasado demasiado tiempo y se trata de una vida que se perdió”, manifestó Elizabeth Huachaca, tía de la joven.
Según explicó la familia, el proceso administrativo se abrió para determinar posibles responsabilidades disciplinarias del docente investigado, quien continuaría laborando mientras la investigación permanece en su fase inicial a cargo de la Secretaría Técnica de la DREA.
Los deudos señalaron que en noviembre un representante técnico de la entidad les informó que el procedimiento seguía en evaluación y que se aplicaría una sanción administrativa; sin embargo, no se precisó su naturaleza ni se emitió posteriormente el informe final que permita definir responsabilidades.
El abogado de la familia indicó que el proceso analiza la presunta relación sentimental entre un docente y una estudiante bajo subordinación académica, una conducta que podría constituir una falta grave de acuerdo con el Código de Ética de la Función Pública y el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil.
“La normativa establece que este tipo de conductas pueden ser sancionadas incluso con la destitución. El plazo de prescripción es de un año desde que la autoridad toma conocimiento del caso”, explicó el letrado.
Según la defensa de la familia, cerca de la mitad de ese plazo ya habría transcurrido sin que la autoridad educativa emita una recomendación administrativa, pese a que en el expediente se habrían incorporado elementos del proceso penal que investiga la muerte de la joven y presuntos actos de hostigamiento.
A nivel nacional, el Ministerio de Educación del Perú ha informado en reportes previos que cada año se registran cientos de procesos administrativos disciplinarios contra docentes, varios de ellos vinculados a faltas éticas, hostigamiento o relaciones indebidas con estudiantes. Dependiendo de la gravedad de los hechos comprobados, las sanciones pueden ir desde suspensiones hasta la destitución definitiva.
Los familiares de Jazmín Villarroel sostienen que su pedido no busca un trato especial, sino que la autoridad educativa concluya el procedimiento administrativo dentro de los plazos razonables establecidos por la ley.
“Solo pedimos que se emita el informe final y que se aplique la sanción que corresponda”, mencionaron.
Este medio intentó obtener la versión de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
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