Con esta disposición se busca esclarecer las muertes de 28 civiles, por disparos provenientes de efectivos del Ejército y la Policía Nacional, durante las marchas de diciembre de 2022. En Ayacucho fueron 10 las víctimas que fallecieron en el aeropuerto de Ayacucho.
Como se recuerda, esta investigación surge a partir de la denuncia que los abogados Abimael Méndez Conde, Yuri Martínez Ochoa, Víctor Porras Rivera y Jack Diburga Cuba presentaron ante la Fiscalía de Derechos Humanos contra Dina Boluarte.
Se sabe que el despacho de la Fiscalía de Nación recabará información pública y de los organismos estatales que permitan tener una información clara y detallada sobre lo que sucedió durante la represión de las marchas que se desarrollaron en Huancavelica, Ayacucho, Arequipa y otras regiones del país.
Esta indagación preliminar puede durar hasta un máximo de 60 días. Según los hallazgos y la información que se recabe, la fiscal de la Nación dispondrá el inicio de investigación preliminar o preparatoria contra la presidenta Dina Boluarte o alguno de los ministros implicados en el delito de genocidio.
