El incremento en la tarifa del agua potable en Ayacucho ha desencadenado un fuerte debate entre autoridades, sociedad civil y usuarios. El reciente anuncio del reajuste tarifario aprobado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), que contempla un aumento escalonado del 14.9 % en los próximos tres años, ha sido recibido con escepticismo y rechazo por diversos sectores.
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El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, representado por Jhon Lapa Oré, declaró que el proceso de la audiencia pública realizada por SUNASS Ayacucho para discutir la propuesta de aumento fue “altamente restrictiva” y “antidemocrática”, además de carecer de participación ciudadana efectiva. Lapa Oré calificó la audiencia pública virtual del pasado 11 de junio como “un montaje técnico” que otorgó apenas cuatro minutos a representantes sociales y no permitió el contraste de información.
“Estamos ante una decisión inconsulta que afecta directamente a una población ya golpeada por la pobreza. Exigimos la remoción inmediata del gerente general de Seda Ayacucho y de todo su directorio por incapacidad de gestión”, expresó.
Versión de SEDA Ayacucho
Desde SEDA Ayacucho, la posición es clara: el alza responde a criterios estrictamente técnicos definidos en el marco del Decreto Legislativo No 1620 y el nuevo quinquenio regulatorio establecido por SUNASS. Así lo explicó el gerente general de la entidad, César Raúl Palacios Sulca, en una entrevista concedida al diario Jornada.
“No es un incremento por metas de gestión, ni por el IPM, ni mucho menos por decisiones administrativas internas. Se trata de un rebalanceo tarifario a nivel nacional que busca garantizar sostenibilidad y equidad en el servicio”, declaró Palacios.
Según detalló, el usuario doméstico que antes pagaba S/ 2.13 por metro cúbico pasará a pagar S/ 2.44. La diferencia de S/ 0.10 o S/ 0.15, a primera vista mínima, genera tensión en una región donde el ingreso promedio por hogar no supera los S/ 1,000 mensuales y donde muchas familias denuncian cortes, baja presión y deficiencias en la calidad del agua.
Sin embargo, Palacios remarcó que no todas las familias se verán afectadas por igual.
“Existe un subsidio cruzado. Las poblaciones vulnerables pagan menos y no verán grandes impactos. Este es un modelo progresivo que busca que quienes más consumen o tienen mayor capacidad económica contribuyan más”, afirmó.
¿A dónde va el dinero?
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno al uso del dinero recaudado. El gerente general señaló que este adicional será destinado a inversiones en infraestructura, especialmente en zonas periurbanas y rurales de la ciudad como Yanama, Mollepata, Rancha, Vista Alegre o Quicapata, donde aún no hay cobertura de agua potable ni alcantarillado.
“Este reajuste no va a gastos administrativos, sueldos, viáticos ni operativos. Irá directamente a cerrar brechas”, dijo Palacios.
De concretarse los proyectos anunciados, Ayacucho podría convertirse en una de las primeras ciudades intermedias del país en alcanzar cobertura integral de saneamiento.
Pero las cifras no convencen al Frente de Defensa, que denuncia que, pese a haber recaudado un 20 % adicional en el periodo 2021-2022 para “provisión de proyectos”, apenas se ha ejecutado el 2.14 % de ese presupuesto.
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La otra cara del consumo, calidad y confianza
La indignación de parte de la ciudadanía también se sostiene en la experiencia diaria. A pesar de los anuncios de modernización, muchos usuarios aún reportan cortes frecuentes y deficiencias en las redes de distribución, que en algunos sectores aún usan tuberías de asbesto, prohibidas por sus riesgos para la salud.
Según SEDA, solo se han registrado 80 reclamos formales entre más de 65 mil usuarios, lo que demostraría un nivel de satisfacción alto. Pero la desconfianza social, acumulada durante años por promesas incumplidas y falta de información clara, no se mide en cifras administrativas. ¿Cómo pedirle a la población que pague más cuando no tiene agua todos los días?.
Convocatoria
En este contexto, el Frente convocó a una audiencia pública presencial para el miércoles 19 de junio en la Casa del Maestro, con la participación de expertos, dirigentes sociales, funcionarios y prensa, con el objetivo de transparentar los procesos, evaluar el real impacto económico de la medida y plantear alternativas de gestión social del agua.
Desde SEDA, se apuesta por continuar con los canales institucionales y garantizar la ejecución de los proyectos. La SUNASS, por su parte, mantiene su postura de que el rebalanceo responde a una política nacional que prioriza la sostenibilidad y universalización del servicio.
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