El Gobierno estableció un límite máximo de siete líneas móviles por usuario en todo el país, mediante un decreto legislativo que entró en vigencia el 14 de febrero. La medida busca reforzar el control en la contratación de servicios móviles ante el incremento de estafas y extorsiones vinculadas al uso indebido de chips.
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, Osiptel, se encarga de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la norma por parte de las empresas operadoras.
John Luna, jefe de la oficina regional de Osiptel en Ayacucho, explicó que el tope aplica a personas naturales y se contabiliza por usuario, no por empresa. Es decir, si una persona tiene líneas contratadas en distintas compañías, el sistema sumará todas y no podrá superar el límite de siete.
La disposición se sustenta en la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erstel) 2024, cuyos resultados señalan que el 97,26 % de usuarios posee hasta seis líneas móviles. Según el regulador, el límite no afecta a la mayoría de clientes y permite mantener el dinamismo del mercado, al tiempo que introduce mayores controles para evitar contrataciones irregulares.
En el caso de personas jurídicas o negocios que requieran contratar más de siete líneas, deberán pasar por un proceso de validación adicional ante las operadoras, con el fin de garantizar la trazabilidad y verificación de datos.
La norma rige hacia adelante. Sin embargo, se establecerá un procedimiento para que quienes actualmente registren más de siete líneas puedan validar su información. Muchas de estas líneas estarían en desuso o habrían sido contratadas sin conocimiento del titular.
Entre 2024 y 2025 se identificaron más de 30 mil líneas asociadas a usuarios que no habrían tenido información clara sobre su contratación. Para estos casos, Osiptel habilitó la herramienta digital “Checa tus líneas”, que permite consultar cuántos números están registrados con el DNI. Si el usuario detecta líneas que no reconoce, puede solicitar la baja o presentar un reclamo por contratación no solicitada.
El trámite también puede realizarse mediante la aplicación ID Perú, vinculada a la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que valida la identidad antes de gestionar cualquier observación.
La medida también apunta a frenar la venta ilegal de chips activados en la vía pública. La normativa exige validación biométrica obligatoria al momento de contratar una línea. Cuando un chip se vende ya activado, el servicio suele figurar a nombre de otra persona, lo que facilita su uso en delitos como estafas, extorsiones o suplantación de identidad.
Según cifras del Ministerio del Interior, las denuncias por estafas y delitos informáticos han mostrado un incremento sostenido en los últimos años, situación que ha impulsado nuevas regulaciones en el sector telecomunicaciones.
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