La informalidad en el transporte público urbano de Ayacucho volvió a quedar en evidencia tras un operativo liderado por la Fiscalía de Prevención del Delito de Huamanga, que terminó con 20 vehículos internados en el depósito municipal.
Durante la intervención, cerca de 50 unidades fueron fiscalizadas. Las autoridades detectaron incumplimientos relacionados con licencias de conducir, SOAT, revisión técnica y la falta de implementos de seguridad obligatorios para prestar el servicio.
Sin embargo, las observaciones no se limitan a la documentación. Usuarios continúan denunciando el incumplimiento del pasaje universitario, cobros irregulares, maltrato por parte de conductores y cobradores, así como maniobras peligrosas que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros.
También se reportaron casos de unidades que no respetan las rutas autorizadas, generando desorden en el servicio y afectando a los usuarios que esperan en paraderos establecidos.
Desde la Defensoría del Pueblo se recordó que el pasaje universitario es un derecho que debe respetarse y se exhortó a las empresas de transporte a cumplir los acuerdos alcanzados con las autoridades.
Aunque los operativos continuarán en las próximas semanas, especialistas consideran que se requieren medidas más profundas para combatir la informalidad y mejorar la calidad del servicio de transporte urbano en la ciudad.
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