y el representante de la empresa minera Marañón, Eder Taipe; denunció una supuesta ineficacia por parte de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho respecto al manejo de la informalidad en el lugar donde se encuentran trabajando.
Al respecto, Crispín Villavicencio dijo que la empresa FIDAMI viene condicionando su trabajo desde el 2019, presentando, incluso, pruebas de que en más de una ocasión habrían coaccionado a sus trabajadores para el cese de su labor.
Sobre esto, el titular de Dateli6 dijo que ya había tomado la decisión de comunicarse con el director Yoni Quispe Poma, quien preside la DREM – Ayacucho, pero que no recibió más que una visita de diagnóstico de su parte, por lo que volvió a hacerle el pedido para tomar cartas en el asunto, ya que sostiene que FIDAMI es una empresa informal, por lo menos en el lugar sobre el que él viene trabajando, para acabar con las mencionadas irregularidades.
“Ya hemos presentado los documentos necesarios durante el 2020, y no tenemos respuesta, ni por medio escrito, ni en el campo. Ha habido inacción de su parte. (…) Nosotros tratamos de que no se fomente la minería ilegal y no entendemos esto. (…) Creemos que si el gobierno está invirtiendo dinero en la formalización, entonces ese presupuesto se debe ejecutar de la mejor manera posible. En todo caso, también vemos contradicciones entre la formalización minera Lima y lo que dicen los ingenieros de la formalización minera del DREM Ayacucho.”, señaló Crispín Villavicencio a Jornada.
Por su parte, el Director de la DREM Ayacucho, Yoni Quispe Poma, no dudó en responder a estos cuestionamientos, aduciendo que efectivamente se habían recibido los documentos por parte de Dateli6, respecto a las diferencias que mantiene la misma con FIDAMI, pero que en su momento no contaban con el personal para poder actuar de forma inmediata.
“En la Dirección Regional de Energía y Minas solamente trabajamos 7 personas: Un ingeniero titulado, Marcos Olivares; un Bachiller en ingeniería de Minas, Carlos García, y tenemos el apoyo del ingeniero Carlos Yangali, encargado de Energía. Recién tenemos marco presupuestal (…) y no podemos salir con todas las capacidades, salvo para temas críticos.”, señaló en una entrevista a Jornada.
En ese sentido, dijo que en la zona sur el tema es mucho más delicado, por lo que salieron a esos lugares a hacer el trabajo de fiscalización ya que existen conflictos sociales, como en Salamanca, Uchisa, y hasta accidentes fatales, incluso en la misma labor de Dateli6, que defiende Crispín Villavicencio.
Sobre esto, el titular de la DREM dijo que FIDAMI está constituido por alrededor de 80 asociados, entre ellos Dateli6, por lo que supone que las discusiones que se libran son meramente internas y que su oficina no debe intervenir, debido a que “para ello existen autoridades competentes”.
En ese sentido, más bien acusó a la empresa de Edgardo Crispín de no denunciar el fallecimiento de 2 trabajadores, mientras cumplían sus labores, en el tiempo oportuno, sino que ellos se enteraron del hecho por medio de las redes sociales.
“Ellos debían haber asumido sus responsabilidades. Dentro de esas cuestiones, no sólo es responsable el que está en Reinfo, sino también el titular de la concesión Dateli6. Ellos están en esa pugna y quieren que tomemos partido. Eso no lo vamos a permitir”, añadió.
Sin embargo, en otro momento lamentó que los planes de visita al lugar donde se desarrollan estos cuestionamientos entre una y otra empresa, se vieron pausados debido a problemas de salud de familiares del personal de apoyo de su oficina. Al respecto, mostró un documento en el que estaba todo dispuesto para realizar el mencionado viaje el día 29 de marzo, lo que no sucedió por esta eventualidad.
Finalmente, hizo hincapié en la neutralidad de su oficina, aduciendo que ellos trabajan respecto a su competencia y que cualquier tipo de coacción o acoso debería ser denunciado a las instancias correspondientes, debido a que ellos realizan la fiscalización minera, ambiental.
“Es un tema de poderes. No es nuestra función. Fidami está en Reinfo. Es concesionaria y ellos tienen toda la capacidad de actuar (…) Por eso, en las cuestiones de contrato no intervenimos nosotros. Nosotros tenemos otras competencias, como los niveles de seguridad. Yo estoy esperando el informe del ingeniero (Marco) Olivares para elevar el documento y que se den las sanciones correspondientes ante la autoridad superior”, finalizó.
