A nivel del país se registran 194 conflictos sociales de los cuales 143 se encuentran activos y 51 latentes hasta el mes de marzo y tres nuevos conflictos hasta la fecha. El mayor número de casos se registran las regiones de Loreto 24 casos, Cusco 21 y Áncash con 17 casos.
En la mayoría los conflictos registrados son socioambientales (125), seguido por comunales (20), asuntos de gobierno nacional (14), gobierno regional (11), gobiernos locales (9), laboral (7), demarcación territorial (5), entre otros.
El caso más reciente registrado es entre las comunidades de Santa Rosa de Huancapuquio y comuneros de Pomacocha en Vilcas Huamán, por la disputa de territorio, donde los dos alegan tener los documentos.
Los conflictos activos en tema socioambiental, está la contaminación minera de cabecera de cuenca y terrenos productivos en las provincias de Paucar del Sara Sara, Parinacochas y Lucanas que mantiene desde el 2019; asimismo, entre la comunidad de Chiquintirca en la provincia de La Mar con la empresa Transportadora de Gas del Perú – TGP y el transporte de minerales que desarrolla la empresa minera de Catalina Huanca en Lucanas, ambos conflictos registrados desde el 2017.
También, el conflicto en la comunidad campesina de Vinchos con sus veintinueve anexos que demandan a la empresa de TGP por la construcción de gasoducto que causo daños territoriales, hecho que registra en el año 2013; al igual, que la denuncia entre la misma empresa y Perú LNG sobre la renegociación de contratos de servidumbre suscritos debido al incumplimiento de compromisos ambientales, económicos y sociales con las comunidades del 2012.
El conflicto en la comunidad campesina de Taca en la provincia de Víctor Fajardo con la minera Catalina Huanca sobre la renegociación del contrato de servidumbre celebrado el 14 de mayo de 2007, por incumplimiento de algunos compromisos sociales, laborales y ambientales.
Al igual, que las comunidades campesinas Totora Pisquicocha y Hurayhuma se disputan un área territorial usada para la cría de camélidos en la zona limítrofe entre los departamentos de Apurímac y Ayacucho, donde ambas comunidades afirman tener los títulos de propiedad del área en disputa.
Un conflicto latente es en la comunidad de campesina Uchuypampa que exigen a la empresa de TGP, el pago por derechos de servidumbre a los nuevos posesionarios.
POSIBLES CONFLICTOS: Se tiene cinco casos que podrían generar conflicto como es el caso de: Ccalaccapcha, mediante Oficio enviado a la Defensoría, demanda que la compañía minera Ares habría realizado trabajos desde el 2011 de trabajos en la trocha carrozable (Paucar del Sara Sara).
Las comunidades campesinas de Andamarca, Cabana y San juan de Lucanas rechazan la presencia de la minera Cantoral (Lucanas); la comunidad campesina de Paras denuncia probables impactos ambientales provenientes de la mina Tambo del Cóndor, en el río Pampas (Cangallo); los pobladores del Anexo Villa Patarí expresan su preocupación respecto de la contaminación que presenta el agua que consumen (Parinacochas) y la población del distrito de Chungui se niega a los trámites administrativos con la empresa Sami porque se encuentra denunciada.