La denuncia de presuntos actos de extorsión y préstamos ilegales bajo la modalidad conocida como “gota a gota” en el jirón Asamblea vuelve a poner sobre la mesa una preocupación que crece silenciosamente en Ayacucho: el avance de organizaciones criminales que encuentran terreno fértil en la vulnerabilidad económica de comerciantes y emprendedores.
La apertura de una investigación por parte de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, en coordinación con la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional, constituye un paso necesario y oportuno. Sin embargo, la ciudadanía espera que las diligencias no se limiten a la recopilación de testimonios, sino que permitan identificar, capturar y sancionar a quienes estarían detrás de estas prácticas ilícitas que amenazan la tranquilidad de la ciudad.
Denuncian que extranjeros vienen extorsionando a comerciantes del jirón Asamblea
Las denuncias formuladas por comerciantes de la primera y segunda cuadra del jirón Asamblea son particularmente preocupantes. Según los testimonios difundidos, detrás de supuestos servicios de seguridad se esconderían mecanismos de presión y cobro ilegal dirigidos a pequeños empresarios. Más grave aún resulta la circulación de audios atribuidos a un presunto sicario, en los que se amenaza directamente a un comerciante y a su familia. Cuando el miedo se convierte en herramienta de control, no solo está en riesgo el patrimonio de las víctimas, sino también el derecho fundamental de toda persona a desarrollar sus actividades en un entorno seguro.
La expansión de los préstamos informales conocidos como “gota a gota” no es un fenómeno aislado. En diversas ciudades del país, estas redes han demostrado una peligrosa capacidad para combinar usura, intimidación y violencia. Su presencia suele fortalecerse allí donde existe limitada inclusión financiera, escasa fiscalización y una respuesta tardía de las autoridades. Por ello, combatir este problema requiere mucho más que operativos policiales; demanda una estrategia integral que incluya prevención, educación financiera y mecanismos eficaces de denuncia y protección para las víctimas.
Resulta igualmente preocupante que los afectados denuncien una aparente falta de control en zonas comerciales estratégicas de la ciudad. Si estas actividades ilegales se estarían extendiendo también a mercados y centros de abasto, la amenaza adquiere una dimensión mayor y obliga a una intervención coordinada entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, las autoridades locales y las organizaciones sociales.
En este contexto, el llamado realizado por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho merece atención. La lucha contra la delincuencia organizada no puede recaer únicamente en las instituciones del Estado; requiere también una ciudadanía vigilante y comprometida con la denuncia responsable. La indiferencia favorece a quienes buscan imponer el miedo como forma de dominio.
Ayacucho ha demostrado históricamente una enorme capacidad de resiliencia frente a los desafíos más complejos. Hoy enfrenta uno nuevo: impedir que la extorsión, la usura y la violencia se normalicen en sus calles. Las autoridades tienen la obligación de actuar con firmeza y transparencia. La población, por su parte, tiene derecho a exigir resultados concretos.
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