Más de 21 mil manifestantes participaron en la marcha del 19 de julio en Lima, es el cálculo del ministerio del Interior. Sin embargo, otros cálculos afirman que los manifestantes llegaron a 50 mil. Asimismo, que también se movilizaron pobladores en 63 provincias en la que hubo manifestaciones, marchas y paros parciales, especialmente de los mercados y transporte.
Esto demuestra que, si hubo una gran movilización nacional contra el gobierno de Dina Boluarte y el congreso de la república, pidiendo nuevas elecciones. Y no sólo participaron seguidores de Pedro Castillo, y menos los “terroristas, vándalos, radicales” como anunciaba el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y el ministro del Interior, Vicente Romero.
Pero si fueron heridos varias personas. La más grave fue cuando un grupo de manifestantes fueron permitidos a ingresar a la avenida Abancay, pero cuando había ingresado un número significativo, nuevamente se cerró el ingreso de los manifestantes, quienes fueron gaseados con bombas lacrimógenas y el uso de escopetas con perdigones, con los que se hirió a varios periodistas, siendo la más grave, la de la periodista Gabriela Ramos Carbajal, quien recibió proyectiles de goma en el rostro.
No hubo muertos, como en las manifestaciones de diciembre, enero y febrero, como ocurrió en Lima, Andahuaylas y Cuzco y menos masacres como los de Ayacucho Juliaca. De hecho, peso mucho el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre los sucesos que ocurrieron en el país en las protestas de fin del 2022 y comienzos del 2023.
Pero si no hubo muertos, lo que sí dejó esta movilización, fue una campaña sostenida contra la movilización del 19 de julio, en la que actuaron como aliados del gobierno las instituciones empresariales y los grandes medios de comunicación, en especial la televisión, que presentaron a los dirigentes de las organizaciones gremiales convocantes, como voceros o militantes de Sendero Luminoso, obedientes de una supuesta camarada Vilma.
Tampoco lograron éxitos con esa medida anticonstitucional de instalare controles en todas las garitas en las vías nacionales, departamentales y vecinales, y por el contrario lo único que consiguieron, fue el rechazo de la población a esta medida, como se hizo viral en las redes sociales.
Logró el gobierno infiltrar a agentes provocadores, por supuesto que sí, pero estos fueron ubicados y rodeados por manifestantes, que les tomaron fotos, y rápidamente, en las redes sociales se difundieron las imágenes de los mismos, con su uniforme de la policía.
Pero, lo que menos esperaba el gobierno, es que personalidades como el Cardenal Barreto o el embajador del Vaticano y Nuncio Apostólica en Lima, le recordase que no se puede vulnerar el derecho a la protesta a los pueblos, y menos hacer uso de la fuerza de manera desproporcionada. Además, le recordó que los muertos en los meses de diciembre, enero y febrero, fueron personas humildes, de las zonas más pobres del país, aborígenes quechuas y aimaras.
Lo que sigue siendo un problema en la oposición al gobierno -ejecutivo y congreso- es la falta de unidad entre los manifestantes, porque mientras el grupo mayoritario exige la renuncia de Boluarte y la disolución del congreso (cierre del congreso es la consigna), los seguidores de Pedro Castillo no aceptan las elecciones adelantadas y piden que Castillo salga en libertad y vuelva a asumir el cargo de presidente.
Mientras tanto, este fin de semana se han reunido dirigentes de las organizaciones que han convocado a la Toma de Lima, para analizar las futuras acciones. Se habla de movilizaciones el 27, 28 y 29 de julio, fechas importantes en el calendario cívico nacional, y también de las movilizaciones. Basta recordar la Marcha de los Cuatro Suyos que fue precisamente, el 28 de julio del 2000.
