Mirtha Vásquez Chuquilín es abogada, defensora de derechos humanos y ambientalista. Fue congresista de la República, presidenta del Congreso entre 2020 y 2021 y presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo. En las elecciones generales de 2026 fue elegida senadora por el partido Ahora Nación. A lo largo de su trayectoria política ha mantenido una agenda centrada en la defensa de los derechos humanos, la institucionalidad democrática y la protección del medio ambiente.
¿Cuál es su opinión sobre el inicio de este nuevo gobierno?
Primero corresponde respetar el resultado electoral. La señora Keiko Fujimori ha sido elegida presidenta y eso debe reconocerse. Sin embargo, desde las fuerzas democráticas asumiremos una oposición responsable. Nos preocupa que el fujimorismo continúe con una estrategia de concentración de poder, considerando que cuenta con una mayoría importante en el Parlamento y busca conducir tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores. La democracia necesita equilibrio de poderes y una oposición firme que ejerza control político al Ejecutivo.
¿Cómo recuperar la estabilidad política después de los últimos años de crisis?
Eso dependerá, en gran medida, del Parlamento. En los últimos años se promovieron cambios constantes de presidentes que generaron una fuerte inestabilidad. Esperamos que esa situación no vuelva a repetirse. Nosotros no tenemos interés en desestabilizar al país; ejerceremos un control responsable. También será importante observar las decisiones que adopte el fujimorismo, porque en los últimos años impulsó normas que significaron retrocesos en materias como seguridad ciudadana, educación y salud, además de favorecer la captura de instituciones. Esperamos que ese rumbo pueda corregirse.
¿Cuáles son los temas en los que no habrá espacio para negociar con el nuevo gobierno?
Hay varios puntos. El primero es la independencia de las instituciones. No se puede seguir repartiendo organismos del Estado entre fuerzas políticas. El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría deben recuperar plenamente su autonomía.
Otro tema es la defensa de los derechos humanos. No podemos aceptar leyes que promuevan impunidad o amnistías para quienes cometieron violaciones de derechos humanos o actos de corrupción. En esos temas no puede haber concesiones.
También debemos impedir que continúen prácticas como el transfuguismo o el uso de prebendas para modificar mayorías parlamentarias. El voto ciudadano debe respetarse.
En Ayacucho obtuvo alrededor del 21 % de respaldo en la segunda vuelta. ¿Qué debería hacerse para avanzar en esa reconciliación, especialmente en las regiones del sur?
La reconciliación no puede ser solo un discurso. Requiere justicia, reparación y perdón. Mientras no se sancione a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y no exista reparación para las víctimas, no se puede hablar de reconciliación.
En Ayacucho todavía existen deudas históricas. Hay familias que siguen buscando a sus desaparecidos del conflicto armado interno y aún faltan recursos para continuar esos procesos. A ello se suman las víctimas de las protestas de 2022 y 2023, cuyos familiares esperan que avancen las investigaciones. En lugar de impulsar esos procesos, el fujimorismo ha respaldado políticamente a la expresidenta Dina Boluarte. Mientras no exista justicia y un reconocimiento del daño causado a regiones como Ayacucho, hablar de reconciliación resulta insuficiente.
En Ayacucho solo el 7,6 % de las candidaturas a las alcaldías provinciales y distritales corresponden a mujeres. ¿Qué mensaje daría frente a esa baja representación política?
Las mujeres hemos luchado durante muchos años por una participación política en igualdad de condiciones porque históricamente hemos enfrentado mayores barreras. Además de la actividad política, muchas continúan asumiendo la mayor carga de responsabilidades familiares y de cuidado, lo que limita sus oportunidades.
También hemos visto retrocesos en normas como la paridad y alternancia, lo que explica la reducción de candidaturas femeninas. Sin embargo, debemos seguir disputando espacios dentro de los partidos políticos y promoviendo políticas públicas que permitan una participación real de las mujeres. Existen liderazgos femeninos con capacidad y experiencia para asumir cargos de decisión, y es necesario que dejen de ser consideradas únicamente para puestos secundarios.
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