La situación por la que atraviesan los chóferes de las empresas de transporte público de Lima, es tan grave, que más de 70 empresas -todas ellas formales- han convocado para un paro el día de hoy, para exigir al gobierno seguridad frente a las bandas criminales dedicadas a la extorsión y sicariato.
Para los transportistas de Lima y Callao, y que se esta extendiendo a otras ciudades, el Estado es incapaz a darles protección, porque no toma las medidas para desarticular a estas bandas criminales que han sembrado el terror especialmente en los barrios urbano marginales.
Con una mejor visión, que de los funcionarios del ministerio del interior, los transportistas que están convocando a este paro, han rechazado la propuesta de un dirigente de un gremio paralelo, para quien la solución está en que se arme a los choferes.
Esta es una idea completamente fuera de lo que significa vivir en una sociedad donde existe una institución encargada de dar protección a los ciudadanos: la policía. El estado moderno, tiene como parte inherente a él, la seguridad y el orden al interior de su territorio y para contar con el monopolio del uso de las armas, cuenta con una policía.
Bajo esta premisa, deben actuar los otros organismos dedicados a dar las garantías a los ciudadanos: la fiscalía y el poder judicial.
Como han precisado los dirigentes que convocan al paro, armar a los choferes o poner un policía en cada bus, en lugar de ser una solución es ampliar el problema, porque los pasajeros estarán expuesto a tiroteos frecuentemente.
Lo que tiene que hacer la policía, señalan los transportistas, realizar trabajos de inteligencia para desarticular estas bandas y capturar a sus integrantes. Como señalan los mismos transportistas, armar a todos los choferes no se puede admitir, porque se viviría como en los pueblos semisalvajes de inmigrantes europeos en el oeste de Estados Unidos, donde armados se enfrentarían a balazos en las calles de Lima.
El otro problema serio, esa la falta de confianza en la policía por parte de los transportistas. Proponen una policía técnica, de élite, profesional, para actuar contra la delincuencia en Lima, Callao y Trujillo, las ciudades que enfrentan este problema, y posteriormente ampliarlo a todo el país.
Son propuestas de los mismos empresarios propietarios de estas líneas de transporte, para que exista ese cuerpo policial, capaz de penetrarlas y capturar a sus dirigentes para juzgarlos y sentenciarlos, de acuerdo a la gravedad de sus actividades ilegales, como la extorsión.
