La contaminación por metales pesados en el Perú continúa en expansión mientras la respuesta del Estado avanza de forma limitada. La Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales Pesados (Planametox) advirtió que, a más de cuatro años de la aprobación del Plan Especial Multisectorial (PEM), su implementación solo alcanza el 20 %, sin lograr atender a las regiones más afectadas.
El PEM, aprobado en 2021 mediante decreto supremo, fue diseñado para articular acciones entre sectores y atender a la población expuesta. Sin embargo, los constantes cambios de funcionarios y responsables han dificultado su ejecución, lo que ha retrasado la atención integral prevista.
La magnitud del problema ha ido en aumento. De acuerdo con el Ministerio de Salud, en 2020 se identificó a más de 10 millones de personas expuestas en 212 distritos. Para 2025, la cifra se amplió a 339 distritos en riesgo, lo que evidencia un crecimiento sostenido de la contaminación en distintas regiones del país.
Los efectos en la salud resultan especialmente críticos en niños y mujeres, considerados grupos vulnerables. La exposición a metales pesados está asociada a problemas de desarrollo, enfermedades respiratorias y gastrointestinales, así como a distintos tipos de cáncer y afectaciones a la salud mental. En 2025, además, se reportó la muerte de más de diez niños en contextos vinculados a contaminación por actividades extractivas, mientras 30 393 menores continúan a la espera de atención.
A este escenario se suma la falta de implementación del Registro Nacional de Personas Expuestas y Afectadas por Metales, una herramienta clave para el monitoreo y la prevención que aún no ha sido puesta en marcha.
En términos presupuestales, el Estado asignó para 2025 un total de S/ 13 774 198, lo que equivale a aproximadamente dos soles por persona afectada, uno de los montos más bajos de la última década. Regiones como Áncash, Cusco, Puno, Lima, Callao, Junín, Huancavelica y Pasco presentan bajos niveles de ejecución, pese a concentrar zonas con casos emblemáticos de contaminación como Huarmey, Espinar, Simón Bolívar, Llallimayo, San Mateo, Coata y La Oroya.
Frente a esta situación, representantes de trece regiones solicitaron la ampliación del PEM y la implementación de medidas que garanticen diagnósticos oportunos, registro de afectados y atención integral. El pedido se produce en un contexto en el que la inversión minera mantiene una tendencia al alza, sin que la respuesta estatal hacia la población expuesta haya seguido el mismo ritmo.
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