Esto nos hace constatar una táctica política de todas las administraciones del GRA desde el 2003, para debilitar aspectos de gobernabilidad regional e impedir sistematizar una razonable organización regional descentralizada y por tanto una positiva o fértil participación ciudadana o incidencia política, incumpliendo persistentemente, impunemente, el marco constitucional que el Acuerdo Nacional, la Reforma Constitucional y la legislación descentralista concibieron en el 2001-2002. Nuestra memoria de democracia participativa y representativa nos hace recordar que la creación y funcionamiento de estos espacios participativos civiles, institucionalizados, articulados pueden tener fuerza política democrática en las grandes tomas de decisiones de la gobernabilidad regional. Estos espacios ya están creados por ley. (Consejos Consultivos, Institutos Regionales, CCR). Solo falta invertir dinero público para activarlos, desarrollarlos y fortalecerlos.
Eso es una obligación legal y política del Ejecutivo y Legislativo regional. Su incumplimiento está sujeto a una denuncia ante el Tribunal Constitucional, con posibilidades de denuncia penal si ocurre reticencia a lo que dictamine el TC. Desde el 2003 ninguna administración regional ha explicado su incumplimiento con ese mandato constitucional y legal. Hasta ahora los GRA han manipulado para no ser denunciados por ningún defensor de Derechos. En los últimos 20 años han creado alrededor de 30 Consejos Consultivos Regionales Temáticos para colaborar concertadamente y pedagógicamente con el GRA en soluciones a la problemática regional económica, social, educativa, cultural, etc. Ninguno de ellos ha contado con apoyo político, presupuestal, administrativo. En diciembre 2019 se creó el Consejo Consultivo Regional de Niños, Niñas, Adolescentes – CCONNA ¿lo sabía Ud.? Dado lo antedicho parece que está corriendo la misma perversa suerte de orfandad de Consejos antecesores. Así las cosas, el Consejo de la Juventud no será la excepción. Lo cierto es que este GRA se va impune, al igual que los anteriores, y nuestra política regional continúa exhibiéndose como una farsa donde prima el acomodo personal, grupal, partidario, menospreciando el interés común y solidario, además de la inteligencia colectiva.
Igual sucede al otro lado de la moneda, quienes reclaman equidad, sensatez, reivindicaciones, planificación, prospección en una u otra temática, no siempre se conectan con otros grupos por razones de clasismos, diferencias ideológicas, competencia por escenarios populistas, por clientelismo en licitaciones o servicios públicos, por la egoísta miopía de creer que su grupo o sector social o gremio es el único grupo con problemas. Desechan el viejo adagio de que la unión hace la fuerza.
Eso le conviene a la Corrupción Organizada, por ello tiene infiltrados de todo rango en cada nivel de gobierno regional y local. ¿Cómo atacar el problema? Lo primero: empezando a cultivar masivamente en gobernantes y gobernados el culto al respeto a la Ley y a la Constitución. (Capítulo de Descentralización). Lo segundo : crear el rubro presupuestal correspondiente y específico bajo una denominación , por ejemplo FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL y CIUDADANO, cuyo sustento técnico ,estratégico y metas podrían considerarse en el Plan Regional de Participación Ciudadana , otro instrumento técnico de obligación legal que ninguna administración GRA ha cumplido en poner en marcha para acercarnos, democráticamente, sinceramente, paulatinamente, con inteligencias colectivas concertadas, al tan ansiado bien común. Empecemos, habrá tropiezos al inicio, pero confianza renovada al levantarnos. Hay que dar decididamente los primeros pasos para acercarnos al ideal.
