Dirección Regional de Agricultura. 2) Voto bien informado, auspiciado por el JNE y que incluye al poco respetado 3) Pacto Ético Electoral. Cabe recordar que en el 2021 el Consejo Regional de Ayacucho – CRA aprobó interpelar al Director Regional de Minería, acto político administrativo que provocó rebeldía del entonces Director de Minería y denunció penalmente al CRA por el presunto delito de abuso de autoridad y usurpación de funciones. Exabrupto que desconoce la misión fiscalizadora regional del primer poder del Estado Regional. Los resultados de esta demanda judicial aún no se conocen, al menos no han sido publicados. Tampoco conocemos si aquel Director Regional fue Interpelado y censurado o si se apartó del cargo por otras razones. Es conveniente que la ciudadanía conozca el desenlace final, por saneamiento ético y masificación del mejor discernimiento. Sensatamente y jurídicamente debiera ser un fallo favorable al CRA.
Cabe adelantar, que la posición jurídica del CRA sobre su derecho a interpelar a autoridades regionales se enmarca o justifica transparentemente en su Acuerdo Regional 0171-2020/GRA/CR del 16/09/2020, amparada en su autonomía para legislar normas regionales en su jurisdicción y honrar adecuadamente su misión fiscalizadora y de modernización de la Gestión Estatal. El Acuerdo Regional antedicho también exhorta a la Secretaría de Descentralización de la PCM y al Congreso de la República a promover y clarificar las normas del caso que eviten interpretaciones caprichosas de ciertas autoridades opositoras a una eficaz y justa fiscalización regional. A enero 2022 estas instituciones rectoras siguen como la figura del mono que no habla, no escucha, no ve. Sería políticamente didáctico desatar ese nudo para permitir a los electores ampliar sus perspectivas de exigencias a los candidatos. Para colaborar en ello, el CRA en pleno debiera publicar una Nota de Prensa sobre el caso .Sería propicio hacerlo ahora que estamos en época electoral.
(2) El Voto Informado, como lo denomina angelicalmente el JNE, es una campaña de buena fe organizada cada 4 o 5 años por el JNE, semanas previas a cada elección nacional o regional. Se limita a una invocación resumida en un Pacto Ético .Pacto concebido como compromiso de honor, solicitado a las organizaciones políticas para que suscriban garantizar una campaña electoral sin violencia, transparente , inclusiva, acorde a principios democráticos. Esta súplica implícita en el Pacto, le hace perder majestad al JNE. Su misión es hacer cumplir principios éticos y legales que contiene una legislación electoral. No es implorar cumplimientos, es obligar al cumplimiento de cada detalle. No se desprende ninguna responsabilidad o sanción legal si los suscriptores no cumplen. Suena lírico. En el 2021, tres de los 05 miembros de su Comisión Ética de Supervisión optó por renunciar a esa distinción al percibir la ineficacia o insostenibilidad de estos Pactos líricos y carencias de apoyo político y logístico oficial. Se dice que el 10 de agosto 2022 se suscribirá un nuevo Pacto. Incumplir estos Pactos es ya una diversión en la política peruana. No contienen estructura legal para evitar impunidades que acostumbran exhibir sus infractores. Recuerden a los Presidentes Regionales o Gobernadores y candidatos en Ayacucho desde el 2002, que suscribieron Acuerdos de Gobernabilidad y luego los desconocieron. Quedaron impunes. Muchos de ellos inmoralmente regresan a ser candidatos amparados en eso y la frágil memoria ciudadana . Estas experiencias negativas debieran ser analizadas en el JNE para que oportunamente se generen normas previsoras. No necesita algún proceso electoral ad portas. Así se fortalecería la maduración de criterios de exigencia electoral y moral que la ciudadanía sufragante pueda utilizar honestamente para definir su voto. Algo así como generar voto informado, sin improvisaciones por desinformación o carencias de un aceptable nivel de cultura electoral del sufragante, principales obstáculos que impiden que los proceso electorales peruanos sean esencialmente democráticos. Mucho se habla de Referéndums para tal o cual tema, pero oficialmente poco o nada se explica y trabaja sobre el aún bajo nivel de educación electoral masiva y permanente que adolece nuestra población sufragante. Dicen que el 17 de agosto se suscribirá un 5° Acuerdo de Gobernabilidad con los candidatos ayacuchanos. Dado el total incumplimiento deshonroso y anticonstitucional que han sufrido de sus suscriptores los Acuerdos anteriores, sería conveniente que el nuevo Acuerdo contenga un par de clausulas que reconozcan los alcances legales de las garantías constitucionales contemplados en nuestra Constitución y que los candidatos perdedores reconozcan explícitamente su compromiso permanente de fiscalizar también su cumplimiento, es decir, hacer algo que hasta ahora no acostumbran realizar por respeto a la cultura eleccionaria y democrática.
