El 14 de abril del 2025, el mismo Sodalicio de Vida Cristiana comunicó que el Superior General del Sodalicio, firmó el decreto de supresión de esta secta católica; así la propia organización aceptó su disolución, según ellos con dolor y obediencia. Esto ya era una muerte anunciada, sin embargo, no termina hasta que las víctimas reciban una reparación justa por los años de sufrimiento que padecieron al interior de esta secta.
“Nuestra mirada se dirige también a las víctimas, les reiteramos nuestro sincero pedido de perdón por los maltratos y abusos cometidos en nuestra comunidad. Pedimos perdón también a toda la Iglesia y a la sociedad por el dolor ocasionado. Confiamos en que los esfuerzos que hicimos en el proceso de reparación den frutos, y seguiremos ofreciendo nuestras oraciones para que el Señor pueda sanar las heridas que se han producido”, dice el comunicado del Sodalicio al ver su inminente disolución.
Con esto la organización reconoce los abusos que se cometió dentro de sus internados, donde supuestamente se formaban sacerdotes bajo un proceso de lavado de cerebro a adolescentes de clase media alta peruana; así la educación clerical tenía componentes fascistas y de culto al líder, desvirtuando totalmente el Carisma que debe tener toda organización católica.
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Víctimas de abuso sexual y persecución
En agosto del 2024, Luis Fernando Figari, quien fundó el Sodalicio de Vida Cristiana en el año 1971, fue expulsado de esta organización por acusaciones de violencia física, psicológica y sexual, incluso contra menores de edad, esto gracias a las primeras acusaciones de abusos que inició en el año 2000 con el testimonio de antiguos miembros y las investigaciones de los medios de comunicación.
Para ese año, los desvíos de Figari ya eran conocidos y retratados en libros desde el 2015, incluso en el año 2018, la Fiscalía solicito prisión preventiva recaída sobre el mismo Figari y varios miembros del Sodalicio, como autores de estos cometidos entre 1975 y 2002 contra unas 36 personas, entre ellas 19 menores de edad.
En el 2018, el Papa Francisco I ordenó recluir a Figari en el Vaticano bajo impedido de regresar al Perú “salvo por motivos muy graves y siempre con permiso escrito” del comisario designado tras la crisis el, obispo colombiano Noel Antonio Londoño Buitrago.
En aquella ocasión toda la opinión pública peruana entendió el acto como una forma de proteger a Figari, sin embargo, el Vaticano aclaró que el veto de regreso al Perú estuvo motivado por el temor a que el fundador del Sodalicio pudiera “causar más daño contra las personas”, “ocultar y destruir pruebas en su contra” u “obstruir el curso de la justicia” eclesiástica y civil.
Situación que sucedió y continuó ocurriendo después de la retirada de Figari en 2018, denunciado por los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas quienes afirmaron en reiteradas ocasiones ser víctimas de persecución judicial por parte de personas cercanas al Sodalicio imponiendo diversas denuncias para hostigarlos, como también ocurrió con Jose Enrique Escardo, el primer denunciante del Sodalicio en el año 2000.
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Despojados de sus terrenos
La comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, ubicada en la región Piura, tiene un proceso judicial abierto contra el Sodalicio, así como a empresas vinculadas al Sodalicio y entidades del Estado peruano que facilitaron el despojo de los territorios comunales de 9,985.25 hectáreas apropiadas ilegalmente y repartidas entre diversas empresas.
Una de estas empresas fachadas del Sodalico es la Asociación San Juan Bautista a tal punto de que un exmiembro sodálite José Antonio Eguren (arzobispo de Piura hasta 2024) fue presidente de esta asociación.
Bajo esta modalidad se sabe que el Sodalicio a través de la Asociación San Juan Bautista transfirió sus propiedades a empresas privadas, 36 de estas a Acres Investments, fundada por el alcalde de Lima Rafael López Aliaga, esto con la finalidad de evitar su embargo y ser usadas para reparar a las víctimas.
Se estima que todo el patrimonio del Sodalicio en el Perú asciende a mil millones de dólares, riqueza que según Paola Ugaz fue “logrado por métodos opacos o incluso delictivos” ocasionando daño a personas, comunidades campesinas y al Estado peruano.
La misma periodista señala que también hizo llegar al Papa de sus hallazgos en torno al aspecto económico del Sodalicio, organización que habría cometido presuntos delitos financieros perpetrados por Jaime Baertl (exlíder Sodalite) y sus secuaces desde que en el año 2000 lograron calificar sus cementerios como “misiones católicas” y usaron el Concordato para burlar al fisco peruano obteniendo grandes beneficios.
¿Habrá reparación?
Según el “Informe Final sobre las Reparaciones” del propio Sodalicio ya se inició el proceso de reparación a un total de 98 víctimas desde el 2016, desembolsando un total de 6 millones 491 mil dólares (US$ 6,491,000.00), entre indemnizaciones y terapias a víctimas de abusos sexuales a menores de entre 11 y 17 años, abusos sexuales a mayores y otros tipos de abusos.
La periodista Rosa María Palacios cuestiona las reparaciones realizadas por la Oficina de Atención y Escucha del Sodalicio que atendió a las víctimas desde el 2016; así afirma que “las víctimas no han recibido la asistencia que tiene que recibir” después de todo el daño por el que pasaron.
Así revela que algunas víctimas fueron obligadas a firmar documentos donde se les obligaba a callar y no declarar más sobre los abusos sufridos al interior de esta organización a cambio de una ínfima cantidad de dinero a modo de compensación, aprovechándose de la necesidad económica de los mismos.
La periodista Palacios afirma que Luis Fernando Figari aún no respondió por crímenes de lesa humanidad, los cuales no pueden prescribir e incluyen delitos como servidumbre moderna, abusos crueles y humillantes, así como tortura; además recuerda que las denuncias de estos casos están estancadas en la Fiscalía y no avanzan e incluso algunas fueron archivadas alegando su prescripción.
Delitos que prescribieron
José Ugaz, abogado de los denunciantes del caso Sodalicio señala que “la justicia peruana no estuvo a la altura ni con la eficacia ni con la capacidad ni la neutralidad para poder sancionar en justicia terrenal lo que claramente son hechos delictivos”; así revela que en los casos de secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir los delitos ya prescribieron.
“esa investigación después de 8 años de subir y bajar con una serie de resistencias y bloqueos finalmente fue archivada, fundamentalmente por prescripción porque en este tipo de delitos donde hay abuso sexual infantil o adolescente pasan muchos años hasta que las víctimas pueden reaccionar”, explicó el abogado Ugaz.
Sin embargo, aún hay esperanzas en otra investigación que se le sigue al Sodalicio por lavado de dinero, en el cual sí hay posibilidad de demostrar el daño que causó esta secta a muchas personas; así recalca que el proceso no termina con la disolución del Sodalicio sino con el proceso de reparación a las víctimas.
Nota:
Este artículo fue elaborado en base a información del comunicado del Sodalicio y diversas publicaciones periodísticas, así como el informe de reparación del Sodalicio.
Enlace 1: https://sodalicio.org/comunicados/supresion-del-sodalicio-de-vida-cristiana/
Enlace 3: https://www.youtube.com/watch?v=rA9ywQDQR2E&t=2s
Enlace 9: https://www.facebook.com/larepublicape/videos/898998485423151
Enlace 10: https://www.youtube.com/watch?v=utsCz8duyW4
Enlace 11: https://www.youtube.com/watch?v=wCE4CdZEpLM&t=1913s
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