Señalaron que existían denuncias escritas y verbales de actores económicos organizados, donde indicaban las irregularidades en cada una de las etapas de evaluación; manifestando posibles actos de favorecimiento.
Esta es una grave denuncia y el Consejo Regional está en la obligación de iniciar un proceso de investigación por supuesta corrupción contra los funcionarios que se encargaron del proceso de Procompite 2022. Y, además. Comunicar a la fiscalía anticorrupción para que inicie las investigaciones.
Pero nada de eso han hecho, que se sepa hasta el momento. Lo único que se tiene es una respuesta del gerente de desarrollo económico, quien afirmó que el comité evaluador cumplió lo que establece las normas y en base una evaluación técnica. Si hubo asociaciones descalificadas, estas tuvieron una oportunidad de reevaluación, y aun así no cumplían con las exigencias mínimas.
Los más perjudicados por el comunicado del Consejo Regional son las empresas de emprendedores que han sido clasificados, y que para participar, en el concurso público, los empresarios han aportado ideas, tiempo y dinero. Justamente, la finalidad de Procompite 2022, es mejorar la competitividad productiva,
Tanto el comunicado del Consejo Regional sin mostrar ninguna prueba ni haber presentado la denuncia fiscal, que incluso debió realizarse de oficio, como la respuesta de la gerencia de desarrollo económico, crea incertidumbre entre los empresarios y en general en toda la sociedad, para futuras convocatorias de Procompite. La falta de credibilidad en el gobierno regional surge justamente de los rumores de corrupción y favoritismo a partir del comunicado del consejo regional.
Por otra parte, es claro señalar que Procompite es un programa con un presupuesto destinado exclusivamente para la mejora de la competitividad de los emprendedores. No se destina a otras actividades, como sugieren algunos consejeros, que podría destinarse a ayudas sociales o para pequeñas obras que se necesitan en barrios o comunidades.
JORNADA considera que de una vez se esclarezca esto. Que el Consejo Regional nombre una comisión que investigue la denuncia que ha hecho. Que le de un plazo para que hagan las investigaciones necesarias y a la vez, que denuncie ante la fiscalía por este supuesto acto de corrupción. Y, si como dice el gerente no han existido actos de corrupción, que sean sancionados los consejeros, como manda la ley, por difamación, ya que los consejeros, al diferencia de los congresistas, no gozan de inmunidad, y son responsables de lo que afirman.
