“Mi sentencia fue una maniobra política que buscó desprestigiarme, ha sido una falta no fue un delito”, argumentó Loayza.
Sin embargo, el argumento de Loayza es contradictorio con las leyes vigentes como lo indica el código penal en el Art. 149 que indica literalmente, que quien comete este delito “será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”, que en el caso del precandidato a la alcaldía de Huamanga se cumplió.
En esa misma línea aseguró que se encuentra en su legítimo derecho de ser precandidato a la alcaldía, dejando entrever que todo lo referente a sus procesos legales no dañarían cualquier condición y representación idónea que puedan tener los que buscan representar y administrar los recursos de los gobiernos locales o el gobierno regional.
Finalmente está en manos del comité ejecutivo regional pronunciarse sobre el tema.
