La Contraloría General de la República advirtió que el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Wilmer Prado Estrella, designó a varios directivos públicos sin cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley No 31419. Según el informe de control No 013-2025-OCI/0362-SVC, se identifican irregularidades en el proceso de nombramiento de funcionarios de libre designación y remoción, poniendo en riesgo la idoneidad en el ejercicio de la función pública.
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El informe señala que, tras la revisión de los legados personales y resoluciones de designación de los directivos de libre designación y remoción, se encontró que dos de los funcionarios, Frank Lewis Moreyra Bautista, jefe de la Unidad de Registro, Fiscalización y Orientación Tributaria, y Nicolás Galindo Baldeón, jefe de la Unidad de Recaudación y Control, fueron designados sin cumplir con los mínimos requisitos para los cargos directivos de tipo A2. Estos profesionales fueron nombrados bajo el régimen laboral CAS Confianza, pero no acreditaron la experiencia ni los estudios exigidos para los puestos durante el año 2023.
Además, el municipio no acreditó que se hubiera verificado el cumplimiento de los perfiles de los puestos y los impedimentos de los propuestos para ocupar estos cargos antes de la designación, contraviniendo los procedimientos establecidos por la Ley No 31419. Esta falta de cumplimiento pone en duda la idoneidad de los directivos para ejercer funciones públicas.
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El informe también destaca que, de los 28 servidores designados como directivos, 6 no cuentan con el informe de cumplimiento de perfil emitido por la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, y 13 recibieron dicho informe, pero después de la fecha de su nombramiento. Asimismo, se identificaron problemas relacionados con la verificación de impedimentos: 9 directivos no firmaron la Declaración Jurada de no tener impedimentos para ser designados, y 4 lo hicieron después de su nombramiento.
Estas irregularidades evidencian el incumplimiento de los procedimientos de vinculación y designación establecidos en la normativa, lo que podría comprometer la eficiencia y transparencia en la gestión pública local.
El informe fue remitido al alcalde del distrito con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones.
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