La decisión del Tercer Juzgado Penal, de anular el juicio del “caso cocteles” que se sigue contra Keiko Fujimori no es una sorpresa. Es el final de una muerte anunciada, ya que este juicio estaba sentenciado de muerte, luego que el Tribunal Constitucional, elegido por Fuerza Popular a través del congreso, dispuso la anulación del juicio oral en curso, contra José Chlímper, secretario general de esta “organización criminal” en 2016.
Si bien es cierto, que la anulación del juicio, luego de más de 30 audiencias, no significa que Keiko Fujimori sea declarada inocente, esto es un duro revés a la lucha contra la corrupción en el Perú y, el uso de las organizaciones políticas para el lavado de dinero y aportaciones ilegales, como las que recibió Keiko Fujimori en las campañas electorales del 2011 y 2016.
Con esta decisión del poder judicial, vuelve el juicio -que ya estaba en la etapa de juicio oral- a la de investigación preliminar. En este caso, muchos abogados penalistas han señalado que el Tribunal Constitucional, organismo creado para casos en los que está en riesgo el ordenamiento constitucional -sea por una ley, una sentencia o un proceso- se ha convertido en la práctica en una instancia superior a la propia Corte Suprema de la República.
Lo más grave, es que el Tribunal Constitucional, elegido por el congreso, responde a las indicaciones políticas de quien detenta la mayoría en este órgano legislativo. La mejor evidencia, es la composición del actual tribunal y las decisiones que viene adoptando.
Por supuesto, que los seguidores de Fuerza Popular, al conocer la decisión judicial, celebraron y ven que finalmente la dirigente del grupo mafioso que controla el congreso, terminará siendo declarada inocente, en una burla a la justicia peruana.
La crisis de la democracia en el Perú y de la gobernabilidad, tiene como personaje central, a Keiko Fujimori, que ostenta como trofeos: las destituciones de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Al primero lo vacó, pese a que le había concedido un indulto a su padre. Más pesó el odio que le tiene al Perú, que su relación filial con quien le dio la vida.
La decisión del poder judicial va envalentonar mucho más a Fuerza Popular y a sus esbirros, el grupo La Resistencia, una organización integrada por el lumpen político, organizada para atacar a las personas visibles del periodismo, las artes y la política, que denuncian los actos criminales de Fuerza Popular.
