para Suramérica y de eso estamos completamente seguros. Tanto las administraciones demócratas como las republicanas dieron una respuesta tercerizada y militarizada a la inmigración y trataron de vender su programa con promesas de ayuda para el desarrollo económico de Centroamérica. Sin embargo, impulsaron de manera sistemática el mismo tipo de ayuda, esa que históricamente no hizo sino aumentar la violencia y la pobreza en la región, lo que condujo directamente a la crisis migratoria actual.
El modelo que Washington sigue presentando se basa en la idea de que si los gobiernos centroamericanos pueden atraer a los inversores extranjeros mejorando las infraestructuras, otorgando exenciones fiscales y debilitando las leyes de protección del medio ambiente y del derecho laboral, el libre mercado generará la inversión, los puestos de trabajo y el crecimiento económico que en teoría evitará que la gente quiera emigrar. Sin embargo, a lo largo de la turbulenta historia de Centroamérica, ha ocurrido exactamente lo contrario. El modelo económico se basó en salarios de hambre que no hizo más que favorecer el aumento de las bandas, del narcotráfico y de la violencia. Las inversiones extranjeras llegaron, ávidas de aprovechar las tierras fértiles, los recursos naturales y la mano de obra barata de la región. Esta forma de desarrollo llevó a Centroamérica a sus revoluciones de los años 80 y a una masiva migración hacia el norte en la actualidad.
Si se analiza con atención, una parte importante de la propuesta de inmigración de Biden se centra en la idea de que si se abordan las causas profundas de los problemas de Centroamérica se reducirá el flujo de emigrantes hacia la frontera estadounidense. ¿Qué propone Biden? distribuir millones de dólares de “ayuda” para mejorar las fuerzas militares y policiales locales con el fin de proteger un modelo económico basado en la inversión privada y la exportación de beneficios. Sobre todo, los privilegios de los inversores extranjeros no deben ser amenazados. Otro elemento clave del plan de Biden, es obligar a México y Guatemala a servir de agentes para la culminación del muro, que sólo está parcialmente construido, a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos. Si bien el modelo económico en el que se basa el plan de Biden es efectivamente conocido, el intento de tercerizar la aplicación de las leyes de inmigración estadounidenses a las fuerzas militares y policiales mexicanas y centroamericanas constituye
un giro mucho más moderno en la política fronteriza.
Desde hace ya casi dos décadas, Estados Unidos presiona y financia a las fuerzas militares y policiales al sur de su frontera para que apliquen sus prioridades en materia de inmigración, convirtiendo de hecho las fronteras de otros países en una extensión de las de Estados Unidos. En este proceso, las fuerzas de “seguridad” de México se han desplegado regularmente en su frontera sur, y las de Guatemala en su frontera con Honduras, todo ello para hacer respetar de forma violenta las políticas de inmigración de Washington. No hace mucho tiempo Guatemala, Honduras y El Salvador dejaron de ser “tercer país seguro”, un acuerdo que le permitiría a Estados Unidos deportar a esos países a personas aunque éstas hubieran presentado una solicitud de asilo válida.
El viaje de los migrantes de Centroamérica se ha vuelto cada vez más caro y peligroso. A finales de enero de 2021, una caravana de unos 7.500 hondureños llegó a la frontera guatemalteca. De hecho, 2.000 policías y soldados guatemaltecos armados con gases lacrimógenos y con porras (armados, entrenados y apoyados por Estados Unidos) se habían concentrado en la frontera entre Guatemala y Honduras para repelerlos. El gobierno mexicano alabó a Guatemala mientras procedía a concentrar miles de sus tropas en su propia frontera sur. “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, que tú también no te salvas.
