La quebrada de Tarapata, ubicada a pocas curvas del camal de Quicapata, continúa siendo utilizada como punto de descarga ilegal de residuos de construcción, demolición y basura doméstica. La situación ha generado preocupación entre los vecinos, quienes denuncian que el lugar se ha convertido en un botadero informal a vista y paciencia de las autoridades, especialmente durante las noches.
En respuesta, la Municipalidad Distrital de Carmen Alto indicó que la zona es patrullada por personal de Serenazgo y que se han realizado jornadas de limpieza, aunque reconocen que la vigilancia no es constante.
“Se han identificado vehículos menores, camionetas y volquetes que aprovechan la oscuridad para disponer residuos en la quebrada”, declaró Luis Pérez, subgerente ambiental del municipio.
Según el funcionario, los operativos han derivado en algunas sanciones y casos trasladados a la Fiscalía de Medio Ambiente. Sin embargo, el problema persiste.
“Hay momentos en los que Serenazgo está atendiendo otras emergencias y no puede vigilar el lugar”, admitió.
Consultado sobre la posibilidad de implementar vigilancia permanente, Pérez mencionó que está en marcha un proyecto de seguridad ciudadana que contempla la instalación de cámaras en puntos críticos, aunque todavía no hay una fecha definida para su implementación en Tarapata.
“Vamos a solicitar que se coloque una cámara en esa zona para obtener evidencia de quienes infringen la norma”, dijo.
El funcionario también pidió colaboración a los vecinos para reportar los hechos.
“Invocamos a la población a grabar cuando detecten estos actos y enviarnos el material. Con eso podemos aplicar una sanción administrativa”, sostuvo.
Los residentes, por su parte, advierten que los residuos acumulados podrían generar huaicos durante la temporada de lluvias, afectando zonas pobladas. También cuestionan la falta de medidas efectivas para frenar el ingreso de vehículos que contaminan la quebrada.
La Municipalidad informó que cuenta con un Régimen de Aplicación de Infracciones y Sanciones (Raisa) y con canales para recibir denuncias. Sin embargo, la falta de resultados sostenidos en la zona pone en duda la capacidad de fiscalización y prevención frente a este tipo de delitos ambientales.
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