El debate sobre la instauración de la pena de muerte en el Perú ha reabierto la discusión sobre la permanencia del país en el Pacto de San José. Para la abogada penalista Yuri Martínez, la propuesta de salirse de este tratado internacional tendría consecuencias graves para la justicia y los derechos humanos en el país.
“El Pacto de San José nos garantiza el acceso a la jurisdicción internacional cuando el sistema de justicia interno falla”, explica Martínez.
Según la especialista, gracias a este tratado, muchas víctimas de violaciones a los derechos humanos han podido encontrar justicia en instancias internacionales.
«Sin esta protección, las decisiones quedarían en manos de un Poder Judicial que ha demostrado no ser siempre independiente», advierte.
La abogada también cuestiona el momento en que se plantea esta discusión.
“Aprovechan la crisis de inseguridad para promover una salida del Pacto de San José, pero no están considerando las consecuencias de esto. No se trata solo de la pena de muerte, sino de renunciar a un sistema de garantías para la ciudadanía”, enfatiza.
En términos legales, la salida del pacto no sería inmediata.
“Renunciar el tratado no surte efectos hasta un año después, y durante ese tiempo los casos pendientes seguirían su curso en la Corte Interamericana”, explica Martínez.
Además, recalca que la modificación del Código Penal para incluir la pena de muerte requeriría un proceso legislativo que tomaría varios años.
Desde una perspectiva criminológica, expertos han señalado que la pena de muerte no ha demostrado ser efectiva para reducir el crimen. Países como Estados Unidos, donde aún se aplica en algunos estados, no han logrado disminuir significativamente la tasa de homicidios ni de delitos graves con esta medida.
«La mayoría de los criminales no piensan en las consecuencias legales cuando cometen un delito. Si la pena de muerte fuera un disuasivo, países que la aplican tendrían menos criminalidad, pero la realidad demuestra lo contrario», afirma Martínez.
Sobre el impacto internacional, la abogada también advirtió que salir del Pacto de San José podría traer repercusiones en tratados de derechos humanos y cooperación internacional.
«El Perú podría enfrentar sanciones y quedar aislado en instancias internacionales. Además, podríamos perder apoyo en otras áreas, como la lucha contra la corrupción y la extradición de delincuentes», añadió.
Finalmente, Martínez insiste en que la lucha contra el crimen debe centrarse en medidas efectivas, como la reforma del sistema penitenciario y el fortalecimiento del Poder Judicial.
«Salir del pacto no soluciona la inseguridad. Lo que necesitamos es erradicar la corrupción y mejorar la eficacia de la justicia», concluye.
Síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube. Únete también a nuestro canal informativo de WhatsApp haciendo clic AQUÍ.
