La “incapacidad moral permanente” que se le atribuyó a Vizcarra es una causal prevista por la Constitución Política de Perú. Sin embargo, a diferencia del resto de supuestos que validan una vacancia presidencial, este es particularmente debatible porque su interpretación no está delimitada, según opinan los constitucionalistas.
No se exige ni se descarta, por ejemplo, para casos de sospecha sobre supuestos delitos. De hecho, en septiembre pasado, cuando el Congreso emprendió un primer pedido de destitución contra Vizcarra, el Ejecutivo respondió con una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), a fin de que este determine en qué márgenes se puede alegar la permanente incapacidad moral de un mandatario. Este proceso sigue en curso, pero lo que se resuelva quedará para la posteridad porque no tiene efecto retroactivo. Este comportamiento del TC ha sido cuestionada por cuanto la demanda debió haberse visto antes que se origine la crisis política.E
El ex presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola Hani, señaló que, para la destitución de Vizcarra, el Parlamento aprovechó la ambigüedad de esta causal. “Lamentablemente, la interpretación (de la incapacidad moral permanente como supuesto para la vacancia presidencial) aún no tiene límites claros y el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado al respecto. Esto, de alguna manera, ha sido aprovechado políticamente por el Congreso. Sin embargo, aun con los defectos de regulación de esta causal y la calificación política que se le pueda hacer al Congreso, este ha actuado dentro del ejercicio de sus facultades. No hay recurso que revierta lo decidido”, confirmó el exmagistrado.
La destitución por “incapacidad moral permanente” es calificada por los expertos en derecho como una herramienta de última ratio o de uso residual, cuando no se identifican otros mecanismos de sanción para un caso específico. Pero ese no es el razonamiento que aplicó el Parlamento.
Para el abogado constitucionalista Samuel Abad Yupanqui, el uso indiscriminado de la causal ha decantado en una decisión inconstitucional. “Es cierto que la Constitución contempla la vacancia por incapacidad moral permanente, pero la interpretación que le ha dado el Congreso es demasiado amplia y, a mi juicio, termina siendo inconstitucional porque desnaturaliza el modelo presidencial que está establecido en el país. Lo que ha primado en el Congreso es que se reúnan los votos necesarios y, así, con una simple suma de votos, se decida sobre la permanencia de un presidente. Eso nos lleva a un modelo parlamentario, que censura presidentes y que no está estructurado así en el Perú”, acota Abad.
No obstante, el especialista coincidió en que no habría mecanismos legales -ni rápidos ni efectivos- para revertir la decisión actual. Y vale precisar que Martín Vizcarra tampoco ha pretendido impugnar el resultado.
La abogada constitucionalista Gabriela Oporto Patroni sostiene que no se logran identificar los “beneficios” políticos ni legales de esta vacancia contra Vizcarra. Esto, porque la Fiscalía no estaba impedida de investigar a Vizcarra y porque las elecciones de 2021 no pueden aplazarse.
“Las investigaciones han podido seguir avanzando tal y como avanzan ahora y las elecciones son impostergables por mandato constitucional. Como presidente, además, Vizcarra no podía salir del país sin el permiso del Congreso; con lo cual, se tenía en buena parte controlada la posibilidad de que escape de la Justicia. Claramente había otros mecanismos para asegurar la continuidad de esas investigaciones preliminares sin tener que recurrir a la vacancia. Entonces, el haberla aplicado así, con estos escenarios, me parece un ejercicio un poco hueco”, explica Oporto.
Con el traspaso de Manuel Merino a la presidencia de la República, cabe preguntarse ahora si el ex presidente del Congreso garantizará el equilibrio y la independencia entre los poderes. La noche de la destitución de Vizcarra, se iniciaron las protestas en las calles de Lima y a nivel nacional las mismas continúan.
La imagen del país está deteriorada ante la opinión pública internacional, luego de una vacancia cuestionada preparada antelada mente por congresistas de diferentes tiendas políticas, tomando como pretexto que un mandatario del país acusado de ser de un probable corrupto siendo gobernador de Moquegua sin moral “no puede gobernar el Perú”- Pero 68 de ellos olvidan estar inmersos en investigación por probables hechos irregulares, poco importó la situación crítica en que se encuentra el país, en medio de una pandemia ( probable venida de una segunda ola), una crisis económica que ha dejado sin trabajo a millones, alza de costo de vida, la difteria de por medio.
En este horizonte los irrepresentables buscan iniciar con la repartija, tumbarse a la Sunedu, modificar la Ley universitaria, designar a los nuevos miembros del T.C. con tribunos al servicio de quienes los eligieron.
La designación como Premier del inefable Antero Flores Araoz conocido por su posición reaccionaria, racista en contra de la población del interior del país su presencia ahonda mucho más la crisis política, genera el conflicto de intereses dado que su Estudio de Abogados defiende a la universidad Telesup de propiedad de los Luna al cual se le negó Licenciamiento por la Sunedu, ase suma otras universidades privadas que rechazan igualmente la Ley universitaria por haber puesto un alto al negociado de la educación en detrimento de una adecuada formación académica de los estudiantes universitarios. Podemos confiar en este gobierno señalado como golpista garantizará la lucha contra la corrupción?. Acción Popular ha cavado su tumba política junto a los otros partidos políticos que generaron la vacancia?. La vacancia es justificada? Las protestas son un derecho? Las elecciones están garantizadas?.
