Las Naciones Unidas a través de su Oficina de Alto Comisionado en Derechos Humanos enfatiza que la corrupción puede ejercer una repercusión devastadora sobre la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad de bienes y servicios vinculados a los derechos humanos. Además, la corrupción socava el funcionamiento y la legitimidad de los procesos y las instituciones, el Estado de Derecho y, en última instancia, al mismo Estado.
Los mecanismos internacionales de derechos humanos, comprendido el Consejo de Derechos Humanos, prestan cada vez más atención a las repercusiones negativas de la corrupción sobre el disfrute de los derechos humanos y han formulado numerosas recomendaciones a los Estados Miembros con el fin de prevenirla y suprimirla.
La corrupción existe en todos los países, cualesquiera sean sus sistemas económicos o políticos o su grado de desarrollo, tanto en la esfera pública como en la privada. Se trata de un fenómeno transnacional que exige la cooperación internacional, incluso en lo tocante a la recuperación de los réditos de la corrupción.
Los grupos y las personas con discapacidad padecen de manera desproporcionada los efectos de la corrupción. Ambos suelen depender más de los bienes y servicios públicos y tienen medios limitados para acceder a servicios privados alternativos. Por lo general, esas personas tienen menos oportunidades de participar en la concepción y aplicación de políticas y programas públicos, y carecen de recursos para defenderse y obtener reparación jurídica.
Quienes participan en los esfuerzos encaminados a investigar, informar, encausar y juzgar los actos de corrupción corren un alto riesgo de ser víctimas de violaciones de derechos humanos y necesitan una protección más eficaz.
En estos tiempos es innegable manifestar que la corrupción y la impunidad, son dos fenómenos extendidos por toda la región latinoamericana, que impactan significativamente en los derechos humanos, nuestro país no es ajeno a ello.
Son varios los gobiernos latinoamericanos se caracterizan por tener problemas de corrupción. En las mediciones de Transparencia Internacional, América Latina es la segunda región con la mayor percepción de corrupción en el mundo, sólo por arriba de África Subsahariana; y en las de World Justice Project, es la región con la mayor percepción de impunidad. Corrupción e impunidad se refuerzan. En cambio, hay menos claridad sobre el impacto de la corrupción sobre los derechos humanos y sobre el Estado de derecho.
Daniel Vásquez experto en este campo manifiesta que la corrupción es el abuso del poder encomendado para el beneficio propio. Si bien por su generalidad este es un concepto útil de corrupción, esa misma característica es su principal defecto. No hay una, sino múltiples formas de corrupción: captura o cooptación estatal, tráfico de influencias, conflicto de intereses, negociaciones incompatibles, parcialidad, financiamiento ilegal de campañas electorales, malversación de fondos, partidas presupuestarias secretas, fraudes, uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito, soborno, extorsión, colusión privada, alteraciones fraudulentas del mercado, especulación financiera con fondos públicos, clientelismo, nepotismo, compra de votos. .
En la actualidad, en el Perú no podemos ser ciegos ante la escalada de la corrupción en el Estado y en sus diversas formas. Los efectos son negativos cada vez más en la protección de los derechos humanos y en el desarrollo. Frente a este flagelo tiempo atrás Proética realizó una Encuesta sobre la corrupción y el resultado fue de que un 70% de la población es tolerante a este acto.
La propia Defensoría del Pueblo considera como el principal problema que aqueja a nuestro país, la corrupción es el mal uso del poder público en procura de obtener una ventaja o beneficio indebido para quien actúa, o para terceros, que genera restricciones para el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Hay acciones para impedir la impunidad de los corruptos?
