En ese sentido, señaló que las mujeres buscan ser madres por decisión y no por violación, y menos por obligación; además, de la lucha frontal contra la violencia de género y sexual con un enfoque integral y sostenible en el tiempo.
También solicitó al estado al aborto seguro en casos de violación (su reglamentación e implementación efectiva en todas las redes de salud). Igualmente, de priorizar el acceso real y oportuno al aborto terapéutico, donde se garantice la contrata de profesionales sensibilizados y no que revictimicen a las afectadas.
Asimismo, dijo que es fundamental el acceso de las víctimas a los kits de emergencia en los establecimientos de salud; y de garantizar una cultura promotora del derecho a decidir en las adolescentes, más aún en situación de violencia.
“Es necesario que cumplan su rol de promoción y de estar vigilantes a toda acción de discriminación de decisiones en su salud sexual”, explicó Lilia Arana.
Acotó que el Ejecutivo debe garantizar la educación sexual integral, incluyendo el análisis de cuestionamiento de las relaciones de género e inequitativas, pero que sea sostenible.
En tanto, destacó la importancia de los espacios de participación en la toma de decisiones de políticas públicas, programas y/o servicios que impacten en los derechos sexuales y reproductivos de los niños y adolescentes.
Vale precisar que estas prioridades se dieron en el último Encuentro Nacional de Jóvenes por el derecho a decidir.
