La violencia criminal continúa siendo uno de los principales desafíos para la seguridad ciudadana en el Perú. Hasta el 15 de junio de 2026, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) reportó 959 homicidios a nivel nacional, una cifra que refleja la persistencia de los asesinatos en distintas regiones del país y que, según especialistas, podría ser incluso mayor.
El analista de datos Juan Carbajal advirtió que existen alrededor de 130 registros de muertes violentas causadas por proyectiles de arma de fuego que actualmente figuran como casos “ignorados” en las bases de datos oficiales. De ser actualizados o reclasificados, estos registros elevarían el número de homicidios por encima del millar durante el primer semestre del año.
La preocupación por la inseguridad se mantiene en un contexto en el que los crímenes continúan reportándose de manera frecuente en diversas ciudades. Uno de los días más violentos del año ocurrió el 9 de junio, cuando se registraron 12 homicidios en una sola jornada, según datos citados por el especialista.
No obstante, desde la Policía Nacional del Perú (PNP) se ha señalado que los homicidios muestran una reducción en comparación con el año anterior. El comandante general de la institución, Óscar Arriola, afirmó recientemente que los asesinatos habrían disminuido entre 8% y 21,77%, dependiendo de la jurisdicción analizada.
Especialistas recuerdan que las cifras sobre violencia letal tienen carácter preliminar debido a que numerosas investigaciones permanecen abiertas. En muchos casos, las autoridades aún buscan determinar responsabilidades, móviles y circunstancias de los hechos, por lo que los registros pueden modificarse conforme avancen las investigaciones.
Además de los homicidios, la extorsión continúa siendo uno de los delitos que genera mayor preocupación. De acuerdo con información del Ministerio Público, durante los primeros cinco meses de 2026 se registraron más de 10 mil denuncias por este delito, con una tendencia creciente y un pico en el mes de mayo.
Sin embargo, Carbajal sostiene que existe una diferencia significativa entre los registros del Ministerio Público y los reportes difundidos por la PNP y el Ministerio del Interior. Según el especialista, la brecha supera las 2.700 denuncias en lo que va del año, lo que podría afectar la precisión de los diagnósticos sobre la evolución de este delito.
Mientras la Policía reporta reducciones de entre 28% y 47% en las denuncias por extorsión en determinadas regiones, el analista considera que el desfase estadístico y la denominada “cifra negra” —delitos que no son denunciados— dificultan conocer la verdadera dimensión del problema y limitan la capacidad del Estado para diseñar respuestas efectivas.
En paralelo, recientes investigaciones por presuntos actos de corrupción dentro de la institución policial también han generado cuestionamientos. Hace unos días, el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra nueve agentes de una comisaría de Lima por presuntos delitos vinculados al cobro indebido de dinero a conductores.
Frente a estos hechos, la Policía Nacional reiteró su política de tolerancia cero contra la corrupción y aseguró que colaborará con las investigaciones para esclarecer responsabilidades. Asimismo, señaló que los efectivos involucrados fueron separados temporalmente de sus funciones mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.
Las cifras de homicidios, extorsiones y otros delitos continúan siendo observadas por especialistas y autoridades, en medio de un debate sobre la efectividad de las estrategias de seguridad ciudadana y la necesidad de contar con registros precisos que permitan dimensionar el impacto de la criminalidad en el país.
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