El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al Estado peruano a no aprobar el proyecto de ley que amplía las competencias de la jurisdicción militar-policial para investigar y juzgar determinados casos que involucren a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
A través de un pronunciamiento difundido el 18 de junio, la oficina encabezada por Volker Türk expresó su preocupación por la iniciativa legislativa aprobada en primera votación por el Congreso de la República y recordó que las presuntas violaciones de derechos humanos deben ser investigadas y juzgadas por tribunales ordinarios, independientes e imparciales, conforme a los estándares internacionales.
La advertencia se produce mientras el Parlamento evalúa una segunda votación que definirá si la propuesta se convierte en ley. El proyecto modifica el Código Penal Militar Policial y establece que los efectivos policiales y militares no podrán afrontar procesos paralelos por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la jurisdicción militar-policial.
Además, la iniciativa plantea mecanismos para resolver conflictos de competencia entre ambos fueros, otorgando una posición preferente a la jurisdicción militar-policial en determinados escenarios. Sus promotores sostienen que la medida busca evitar una doble persecución judicial contra los agentes del Estado cuando actúan en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han cuestionado la propuesta al considerar que podría ampliar de manera excesiva el concepto de delito de función y trasladar al fuero militar casos que actualmente corresponden a la justicia ordinaria.
La iniciativa recibió 60 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones durante su primera votación en el Congreso. Entre las bancadas que respaldaron el proyecto figuran Fuerza Popular y Renovación Popular.
La posición expresada por Naciones Unidas reabre el debate sobre los límites de la jurisdicción militar-policial y el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en un contexto en el que el Congreso deberá decidir el futuro de la norma en una segunda votación.
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