La renuncia irrevocable del gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Rafael Huarancca Palomino, contiene elementos que requiere una inmediata investigación por parte de los regidores, toda vez que se habla de la existencia de una descoordinación entre la gerencia y la alcaldía; y, más grave, que existe una desautorización de parte del alcalde de medidas que dispone el gerente municipal.
Esta situación se hacía insostenible, y que se pone en evidencia en cambios que se han dado en los últimos meses, con respecto a varias decisiones, lo que ha llevado a que otros funcionarios de confianza del alcalde pasen por encima de lo que dispone gerente, a quienes señala que carecen de lealtad frente a la gestión.
Una renuncia, a cinco meses de asumida la alcaldía, pone al burgomaestre en una situación muy precaria. Él no está cambiando al gerente, es el gerente el que se retira. En términos políticos equivale a que un presidente del Consejo de ministros o un ministro le diga al presidente: Renuncio, porque no estoy de acuerdo con las medidas políticas que estás tomando, como comentábamos en la edición de ayer, sobre la renuncia de Patricia Correa, a raíz de la masacre en Ayacucho.
A esto hay que agregar, que la municipalidad de Huamanga está otorgando certificados de posesión a personas que se han instalado en zonas declaradas de alto riesgo e intangibles. Eso ha sido posible, porque la sub gerencia de Edificaciones y Autorizaciones, en base a un memorándum dado por el asesor legal, que transgrede Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de Huamanga.
Porque la instancia encargada de otorgar certificados de posesión es la subgerencia de Ordenamiento Territorial y Catastro, que evalúa las características de la zona. Si se trata de una zona intangible y de alto riesgo, la única explicación, es que tras de esa medida pueden existir intereses políticos o económicos de los traficantes de tierras.
Esto ha generado un conflicto entre las dos subgerencias. Pero, además, el asesor legal no puede atribuirse facultades que no tiene, porque el ROF define la competencia de cada una de las gerencias y subgerencias, y eso depende de la Gerencia de Planificación y debe ser aprobado por el pleno de regidores.
Esta situación requiere no sólo una comisión de investigación de regidores, sino la intervención de órganos competentes de control de la propia municipalidad, ya que se está transgrediendo documentos de gestión, hecho que puede hasta configurar un delito, más aún, si detrás de esta acción existen intereses de grupos organizados en el tráfico de terrenos en la ciudad o zonas periféricas.
