La aprobación por el Congreso en su última sesión la ley que redefine los delitos de función cometidos por militares y policías, así como el derecho exclusivo para que estos sean vistos en el fuero militar, ha despertado preocupación en organizaciones internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y de Amnistía Internacional.
Esta ley, fue objeto de múltiples observaciones luego de que fuera presentada por el actual presidente del congreso, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, y aprobada en primera votación, ya que se trata de una modificación más a la constitución de la república.
Pasar los casos emblemáticos que ya han sido juzgados, como son Barrios Altos, la Cantuta y otros para que vuelvan a ser tratados por el fuero civil, es retroceder a los años 90, cuando justamente eso se hizo con los integrantes del grupo Colina, un comando conformado por oficiales y suboficiales del ejército, responsable de múltiples crímenes de lesa humanidad, sería un caso evidente de impunidad.
En tiempos recientes, está en investigación por la fiscalía, las matanzas de Ayacucho y Juliaca y los asesinatos en Cuzco, Puno, Andahuaylas, Pichanaki y Lima, tanto durante el gobierno de Dina Boluarte como con la designación de José Jerí, que pasarían a tratarse en el fuero militar policial, lo que afectará el derecho a la justicia que reclaman los deudos.
El caso reciente, de la muerte de 5 jóvenes en Colcabamba también terminaría siendo tratado por el fuero militar policía, pese a que se encuentra en pleno proceso por la corte de Junín, que ya ha dispuesto la detención preliminar de los militares involucrados en este asesinato, y se ha dispuesto su internamiento en un penal.
Las críticas a esta norma, indican que generará impunidad para malos policía quienes, confiados en el fuero militar y policial, dispararán a mansalva y a matar, lo que es un potencial peligro, cuando tenemos una ciudadanía que entiende que, si no reclama en las calles, no son atendidas sus demandas.
Ya esta hecha la ley que entra en vigencia al día siguiente de su promulgación, y coincide con las demandas de Juntos por el Perú, que indica que no reconocerá a Keiko Fujimori como presidenta del Perú.
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