El anuncio de un paro regional para este 28 de octubre, acordado por la asamblea de bases del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho – FREDEPA-, es una llamada de atención a las autoridades de Ayacucho y en especial a las instituciones encargadas de velar por la seguridad.
Esta es la razón por la que este paro, está condicionado a una serie de informes que está solicitando el FREDEPA, tanto al gobierno regional, a la municipalidad provincial de Huamanga y a la policía nacional, sobre las medidas que han adoptado para enfrentar el crimen organizado y brindar seguridad a la población.
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Para el FREDEPA estas instituciones no están cumpliendo con su mandato de ser las instancias que deben asumir, a través de accion4es concretas, la seguridad de los pobladores y por el contrario, con su negligencia permiten qué las acciones de las organizaciones criminales aumenten.
Activando como un ente fiscalizador de las acciones del estado, el FREDEPA, está asumiendo un rol que lleva a empoderarla y presentarla como una verdadera organización representativa de la ciudad de Ayacucho.
La situación de Dina Boluarte al mando del país es cada día mas precaria. Luego del paro del 23, que ha sido un éxito en Lima y en muchas otras ciudades del país, se anuncian nuevos paros o movilizaciones en Lima, siendo la más importante, la que anuncia la federación de Construcción Civil, el sindicato más golpeado por las organizaciones criminales.
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Todas estas acciones, que no piden directamente la renuncia de Dina Boluarte, se van sumando, lo que puede terminar en su vacancia, y ya se presentan discursos nen la derecha que controla el gobierno en est3e sentido.
No podemos descartar, que el Fujimorismo, que ha venido sosteniendo al gobierno, ante la ola de repudio a la presidencia, busque desmarcarse de Dina Boluarte, porque el desprestigio del gobierno puede alcanzar a Keiko Fujimori, que para el común de las personas, es la que en realidad gobierna el Perú.
Cambiando de tema, la coalición de extrema derecha que controla el congreso de la república, a través de sus más representativos voceros, Fernando Rospigliosi (FP), José Cueto (HD) y Alfredo Azurín (SP), buscan la inhabilitación y la salida de los fiscales supremos Delia Espinoza, Juan Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, quienes han hecho valer sus competencias de acuerdo a la constitución, contra una ley que pasa la investigación criminal a la policía y deja de lado al ministerio público.
