Mario Zenitagoya | Otra Mirada
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“El crimen organizado en México es que se origina, sostiene y nutre desde las estructuras del Estado, en particular de aquellas que teóricamente existen para combatir, precisamente, a la delincuencia.” (Diego Enrique Osorno)
Como bien se sabe que el costo de las olas de extorsiones en nuestro país va en aumento (aunque hay gente indiferente ante un problema social que ya se va preparando para la Navidad, el consumismo, sin solidaridad). El fenómeno de la extorsión ha alcanzado niveles críticos. Además de los gremios de transportistas, bodegueros y de construcción civil, y otros grupos muy golpeados son: Mototaxistas, vendedores ambulantes, restaurantes, comedores populares, peluquerías, artistas populares.
Investigaciones realizadas al respecto, señalan que más de S/ 6 mil millones anuales en pérdidas económicas por el delito de extorsión (el 0.7 del PBI del país)
El 3.5% del PBI al año le cuesta la inseguridad al Perú, es decir S/ 35 mil millones (Fuente Cámara de Comercio de Lima y Confiep).
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En pleno estado de emergencia 7 asesinatos en menos de 12 horas (solo el 8 de octubre) (Fuente PNP)
La extorsión no va dirigida a sectores de gran capacidad económica, se centra principalmente en las periferias, donde no hay casi control ni presencia de las fuerzas del orden y que son espacios muy vulnerabilizados por la informalidad (Erika Solís Investigadora del IDEHPUCP, especialista en criminalidad y violencia).
Asimismo, 7 de cada 10 transportistas extorsionados en el 2024. Son S/ 15 mil mensuales la cuota de extorsión aproximadamente, que se les pide a las empresas. Hay casos que ascienden hasta os S/ 30 mil (Fuente Federación de Transporte).
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Más de 50% de los 23 mil bodegueros en el Perú vienen siendo extorsionados en el 2024.
Entre S/ 100 y S/ 4 mil mensuales para un comerciante informal en Gamarra a las bandas de extorsión.
Casi 300 obras de construcción paralizadas o afectadas. Son S/ 1,000 millones en pérdidas en el sector construcción en el primer semestre del 2024 (Fuente Cámara Peruana de la Construcción Capeco)
Los comedores populares (no se salvan) también son víctimas, con exorbitantes cifras de hasta S/ 20 mil mensuales.
En Trujillo, Chiclayo y Piura el 50% de los mototaxistas son extorsionados pidiéndoles hasta S/ soles semanales.
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Al menos 11 mototaxistas asesinados en lo que va del 2024.
Lo que llama la atención que solo el 25% de las víctimas denuncian estos delitos (Fuente Ministerio del Interior, PNP)
Es simplista creer que con leyes más severas se resuelve la criminalidad. El sistema de justicia necesita recursos, formación y coordinación. Sin eso, cualquier ley queda incompleta, menciona Erika Solís, (especialista en criminalidad y violencia).
La investigadora considera “es necesario un esfuerzo integral con políticas de prevención y fortalecimiento institucional, lo cual toma tiempo y compromiso, no solos cambios legislativos de corto plazo”.
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No se puede dejar de mencionar que el actual Poder Legislativo (que será juzgado por el tiempo y la historia), han dado Leyes apoyadas y aprobadas por la Organización Criminal: Fuerza Popular . Ejemplos al canto: La Ley 32108 que modifica el concepto de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del acusado y su abogado.
La Ley 31989 Impide incautación de material usado en la minería ilegal (explosivos, armas)
La Ley 32054 Excluye a los partidos políticos de toda “responsabilidad penal”.
La Ley 32017, promueve la impunidad para terroristas, ex militares y otros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
¿Habrá electores que pesar de estas verdades que atraviesa nuestro país, darán su voto para reelegir a los inefables actuales congresistas?. Todo es posible en un país, en una región que creemos estar viviendo en una “paraíso”. ¿Somos vergüenza humana? No olvidemos que Ayacucho no es un paraíso o ajeno a esta lacra. ¿En octubre hay milagros?
