Durante la última reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller peruano Hugo De Zela propuso establecer un mecanismo obligatorio de revisión y verificación antes de conceder el asilo político. La iniciativa buscaba solicitar información al Estado territorial correspondiente para evitar posibles usos arbitrarios del asilo.
El canciller aclaró que su propuesta no estaba dirigida exclusivamente al caso de la expremier Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra asilada, sino que apuntaba a crear un procedimiento estándar que garantice transparencia y responsabilidad en los procesos de asilo.
Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por varios países del continente, entre ellos Chile, Colombia, México, Uruguay, Estados Unidos y Argentina. Estos consideraron que implementar un proceso condicionado podría debilitar el derecho al asilo y alterar su carácter incondicional, que protege a personas en situaciones de riesgo.
Con este rechazo, la propuesta peruana no avanzó y el derecho al asilo se mantuvo con sus actuales garantías en el marco de la OEA.
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