La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Unsch) atraviesa un nuevo episodio de conflicto interno tras la toma de la ciudad universitaria por parte de un grupo de estudiantes, en medio de cuestionamientos a las condiciones académicas y administrativas para el inicio del semestre.
La medida de protesta fue respaldada por la Federación Universitaria y el tercio estudiantil, que advierten una “crisis académica y administrativa” en la institución. En su pronunciamiento, sostienen que el inicio de clases se ha dado sin condiciones adecuadas, señalando la falta de aulas implementadas, laboratorios operativos y contratación oportuna de docentes. Además, cuestionan la utilización de espacios no aptos —como almacenes y auditorios— como ambientes de enseñanza, lo que, afirman, compromete la calidad educativa.
Entre sus principales reclamos, los estudiantes también rechazan la decisión del Consejo Universitario de implementar clases virtuales, la cual —según indican— fue comunicada con escasa anticipación y sin participación de sus representantes. Asimismo, expresan preocupación por la construcción de aulas prefabricadas en la Facultad de Ciencias Sociales, al considerar que podría existir un riesgo para la seguridad de la comunidad universitaria.
Frente a este escenario, el rector de la Unsch, Emilio Ramírez Roca, confirmó que la universidad dispuso el desarrollo de clases virtuales mientras se mantenga la medida de protesta, con el objetivo de evitar la paralización total de las actividades académicas. Precisó que la institución cuenta con más de 12 mil estudiantes de pregrado, 2,500 de posgrado, cerca de mil docentes y 400 trabajadores administrativos que se ven afectados por la suspensión de labores presenciales.
El rector señaló que no ha recibido documentación formal por parte de la Federación Universitaria respecto a sus demandas y calificó la toma del campus como una medida “radical” que genera perjuicios a toda la comunidad. En ese sentido, indicó que convocó a un Consejo Universitario extraordinario para adoptar medidas urgentes y evitar consecuencias como la suspensión o ampliación del semestre académico.
Sobre los cuestionamientos a la infraestructura, Ramírez sostuvo que las aulas prefabricadas en la Facultad de Ciencias Sociales cuentan con estudios técnicos que garantizan su seguridad y negó que exista riesgo estructural. Añadió que las versiones difundidas sobre posibles deficiencias responden, a su juicio, a “exageraciones”.
Finalmente, el rector manifestó su disposición al diálogo, aunque indicó que no ha logrado comunicarse con los dirigentes estudiantiles. Mientras tanto, el conflicto mantiene en incertidumbre el desarrollo normal de las actividades en la universidad, en un contexto marcado por demandas estudiantiles y decisiones administrativas que aún no logran consenso.
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