El reciente acuerdo del Consejo Regional de Ayacucho, que autoriza al gobernador regional a gestionar ante el Instituto Peruano del Deporte (IPD) la ampliación por dos años de la afectación en el uso del terreno donde se levanta el estadio Cuna de la Libertad Americana, revela una preocupante mecánica administrativa que merece escrutinio público. La petición se explica, oficialmente, por la inminente expiración del convenio el 19 de julio y por la necesidad de mantener la administración del predio mientras prosiguen los trabajos; Sin embargo, la urgencia del trámite no borra la falta de previsión que dejó a la región en la situación actual.
Los datos oficiales aportan el contexto más inquietante: la obra, con una inversión aprobada de S/ 367 331 469,49, iniciada en diciembre de 2024 con un plazo de culminación fijado para junio de 2026, pero a marzo de 2026 solo reportaba un avance físico del 28,99%. Ese desfase entre cronograma y realidad no es un contratiempo menor; es la señal de una ejecución defectuosa, con riesgos de sobrecostos, incumplimientos y consecuencias sociales directas para quienes dependen del proyecto. La promesa de entrega “llave en mano” para julio de 2028 parece más bien una capitulación ante los hechos: reconocer dos años adicionales de trabajo equivale a aceptar que la administración y la supervisión no estuvieron a la altura.
La explicación oficial, presentada por el secretario general Pedro Vidal Pizarro Acosta, sostiene que la ampliación de la afectación no altera el plazo contractual ni el presupuesto, y que su único objetivo es evitar que el Gobierno Regional pierda el derecho de uso del terreno y que la empresa ejecutora suspenda la obra. Esa defensa técnica resulta insuficiente si se considera que la realidad del avance físico y los cuestionamientos internos sobre procedimientos administrativos exigen respuestas claras sobre responsabilidades.
Las observaciones planteadas en el propio Consejo Regional muestran que la prisa administrativa tampoco ha ido acompañada de transparencia. El consejero Leoncio Reyes denunció que el dictamen se presentó en minoría y pidió que conste en acta su reclamo por el procedimiento seguido, reclamando además la documentación que certifique el debido proceso. Ese reparo no es una formalidad: en proyectos de alto presupuesto, la legalidad y la rendición de cuentas no pueden tolerar atajos
Es urgente, además, atender la dimensión social que flota alrededor de la construcción: más de un centenar de trabajadores habrían pasado hasta tres meses sin recibir remuneración, según advirtió el consejero Teófilo Cuba. La paralización o el atraso de pagos no solo vulnera derechos laborales fundamentales, sino que afecta economías familiares y alimenta la conflictividad social. Garantizar el pago oportuno y supervisar el cumplimiento de obligaciones por parte de contratistas y subcontratistas debe ser una prioridad inmediata del Gobierno Regional, que no puede escudarse en tecnicismos cuando están en juego salarios y condiciones de vida.
Aceptar la ampliación de la afectación en el uso del terreno hasta julio de 2028 puede ser una medida necesaria para evitar una interrupción total del proyecto, pero no debe convertirse en un cheque en blanco. El Consejo Regional y el Gobierno Regional tienen la obligación de condicionar esa prórroga a mecanismos estrictos de supervisión, a la entrega de documentación que aclare retrasos y un plan de remediación que proteja a los trabajadores y los recursos públicos.
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