Durante la pasada campaña electoral, uno de los temas de mayor confrontación entre los partidos políticos, fue la posición frente a lo que se ha denominado como leyes pro impunidad y leyes pro crimen.
Los partidos de la extrema derecha, encabezados por Fuerza Popular no consideraron en ningún programa de gobierno la posibilidad de modificar o derogar las leyes que aprobó el actual congreso, de manera especial durante este último periodo se sesiones bajo la presidencia de Fernando Rospigliosi.
Los partidos de centro derecha, de centro izquierda y los de izquierda, por el contrario, señalaron la necesidad de que esas leyes sean derogadas o al menos modificadas, de manera que la impunidad, en el caso de los asesinaros de personas durante las protestas o movilizaciones sociales, sean investigadas y sancionadas en el fuero común y no en el espacial de fuero policial y militar.
Otras de las normas que han sido cuestionada por lo que será la oposición al gobierno, son las que dejan abierta la posibilidad de que todos los procesos que se realizaron contra personal policial y militar sentenciados por los crímenes de lesa humanidad, como fueron las matanzas de Accomarca, la Cantuta, Barrios Altos y otros semejantes, bajo el argumento que estos hechos ocurrieron antes de que el Perú suscribiera documentos internacionales posteriores a los hechos ocurridos en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado.
Asimismo, que las normas que le quitan al ministerio público la investigación preliminar y se las han transferido a la policía nacional se deroguen y vuelvan a la fiscalía, tal como estaba precisado en la Constitución Política del Perú.
Nada de lo que propusieron estas organizaciones que serán oposición al gobierno de Keiko Fujimori se realizará. Lo ha dejado claro el ex presidente encargado del congreso Fernando Rospigliosi y senador electo de Fuerza Popular.
Pero no sólo se mantendrán estas normas, sino que existe la promesa de que el gobierno de Fuerza Popular promulgará otras que promuevan reformas que fortalezcan “el trabajo de ambas instituciones y les otorguen mayores garantías en el cumplimiento de sus funciones”.
El futuro senador ha sido claro: Fuerza Popular continuará impulsando iniciativas destinadas a brindarles mayor respaldo jurídico.
El senado, con el futuro apoyo -o abstención del partido de Jorge Nieto- será controlado por el fujimorismo, con sus 22 senadores, más los 8 de Renovación Popular, no tendrá ningún problema de ser siempre mayoría.
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