Estamos en una época, que ha sido calificada como la más crítica de nuestra historia republicana. Son millones de personas las que han perdido su trabajo, empresas que han quebrado y familias que han ingresado al círculo de la pobreza. Pero nada de eso interesa a los administradores de las empresas que prestan servicios en nuestra región.
Dejar a una familia sin agua es un problema serio. Privarles de la luz, es igualmente violar un derecho humano que está relacionado con la seguridad de las personas. Esto es cotidiano y no hay forma de hacerles entender a las empresas como Electrocentro, que están atentando contra los derechos de las personas.
Los ciudadanos no se niegan al pago de sus servicios, pero además piden revisión de los montos a cobrar. Hay familias que posiblemente han incrementado el uso de algunos servicios, como electricidad por el teletrabajo y los estudios de sus hijos en casa. Pero eso de ninguna manera puede hacer que se pase de un consumo de 40 soles al mes a 400. Algo está fallando, y cuando se reclama, les exigen que primero paguen y después se hará la investigación.
Y mientras tanto, las familias, tienen que pasar las noches a oscuras, buscar cabinas para cumplir con sus trabajos en línea, pedir a sus vecinos que por favor les permitan recargar sus celulares, conservar la carne en sus refrigeradoras. Parece que los de Electrocentro, creen que todavía se vive en una época en que la electricidad era un servicio suntuario y no un servicio básico fundamental.
El gobierno nacional debe intervenir, porque las empresas prestadoras de servicios tienen presencia nacional. Y, para el caso de Ayacucho, el gobierno regional y en especial la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
Dejar sin luz a una familia en una época considerada de emergencia sanitaria, de restricciones para visitas domiciliarias, de aislamiento y distanciamiento, es grave. Podría configurar hasta un delito si es una familia donde haya niños y personas de la tercera edad.
Las autoridades han sido elegidas para que nos hagan respetar y no se pongan al servicio de las empresas. Los ciudadanos tenemos derechos y el gobierno tiene que garantizarlos, especialmente si estamos en una situación de emergencia nacional, de “guerra” como señalan varios ministros.
