En exclusiva para el diario Jornada, desde la región Ayacucho, el ciudadano Rubén Quispe Ventura presentó una denuncia penal en la que solicita al Ministerio Público investigar una presunta “conspiración para la rebelión” que, según sostiene, habría involucrado a diversas autoridades políticas, fiscales y judiciales del país en el marco de la crisis política registrada en los últimos años.
El denunciante afirmó que su acción se origina a partir de recientes declaraciones del dirigente político Miguel Ángel Torres, integrante de Fuerza Popular, a quien atribuye haber realizado expresiones que —según su interpretación— evidenciarían la existencia de coordinaciones políticas vinculadas a la vacancia del expresidente Pedro Castillo Terrones.
Quispe Ventura sostuvo que dichas declaraciones no deberían ser entendidas únicamente como opiniones políticas, sino como elementos que, a su criterio, podrían tener implicancias penales.
“Todo el pueblo peruano ha sido testigo de cómo el señor Miguel Torres ha salido a diferentes medios de comunicación a dar a conocer esta supuesta conspiración. Él mismo ha confesado la comisión de estos hechos”, manifestó Quispe Ventura durante la entrevista exclusiva.
El denunciante agregó que los hechos que expone no serían aislados ni recientes, sino parte de un proceso político más amplio vinculado a la crisis institucional que derivó en la vacancia presidencial de diciembre de 2022, así como a las protestas sociales registradas posteriormente en regiones como Ayacucho y Puno, donde se reportaron fallecidos durante enfrentamientos con las fuerzas del orden.
En ese sentido, sostuvo que existiría una presunta coordinación entre instituciones del Estado, entre ellas el Congreso de la República, el Ministerio Público y otros órganos constitucionales, lo que —según indicó— debería ser materia de investigación formal por parte de las autoridades competentes.
En su denuncia, Quispe Ventura incluye a diversas exautoridades y funcionarios, entre ellos la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, Keiko Fujimori, Martha Moyano, Miguel Ángel Torres y Harvey Colchado, además de excongresistas, magistrados del Tribunal Constitucional y jueces supremos, a quienes solicita que se investigue dentro del marco legal correspondiente.
Consultado sobre si las declaraciones mencionadas constituyen una opinión política o una confesión, el denunciante sostuvo que corresponde al Ministerio Público determinar su naturaleza jurídica. Sin embargo, reiteró que, a su juicio, existirían indicios de una posible coordinación entre distintos actores del poder político y judicial.
Asimismo, vinculó su denuncia con lo que describió como patrones históricos de exclusión social y política en el país, señalando que regiones como Ayacucho han sido escenario de episodios de violencia en décadas anteriores, lo que —según su posición— forma parte del contexto que rodea la actual crisis institucional.
“No es la primera vez que el Perú profundo es desplazado del poder. Cuando asume un representante del pueblo, hay sectores que no aceptan esa realidad”, expresó.
Finalmente, Quispe Ventura exhortó a las autoridades a actuar con imparcialidad y celeridad en la evaluación de su denuncia penal. Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial del Ministerio Público respecto a este caso.
“Pedimos justicia y que se actúe conforme a ley. No estamos pidiendo venganza, estamos pidiendo justicia”, puntualizó.
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