Lo que interesa es la inhabilitación más que la censura. La vacancia de Pedro Castillo, con la que amenazan, desde el mismo día que asumió la presidencia, ahora se allana para que sea la presidenta del congreso la que asuma el gobierno del país. No es todavía un jaque mate, pero si le han quitado la pieza más importante. El jaque mate, viene después.
Todo está planificado, pero son los errores de la misma Dina Boluarte, su impericia para ser ministra, la carencia de asesores que le indiquen que puede y que no puede hacer, la falta de preparación antes de asumir un mandato tan importante, ha puesto su cabeza en bandeja de plata.
Ella era presidenta del Club Apurímac. Pudo haber de inmediato pedir licencia a la presidencia del club, encargar la misma a un socio, comunicarlo a la SUNARP, indicando que está asumiendo un cargo del estado, y terminaba el problema. No lo hizo, y posiblemente pensó, que, por una cosa tan simple, tan provinciana, no la iban a investigar. Y se equivocó. Por una minucia, dejará el cargo de ministra y será inhabilitada por 10 años para ejercer un cargo público.
La ausencia de Boluarte pone al presidente en situación complicada. No podrá salir del país porque no tiene a quien encargar la presidencia de la república. No puede delegar al presidente del consejo de ministros ni a la presidencia del congreso.
Y mientras tanto, sigue la campaña para la vacancia y la elaboración de leyes que modifican la constitución del país para facilitar la salida de Pedro Castillo y para mantener a los congresistas en sus escaños. Y, no sorprendería una que permita que la actual presidenta, si la vacancia se da antes del 28 de julio, sea presidente del país hasta completar el periodo de Pedro Castillo. ¿Lo pueden hacer? Si. Tienen los votos suficientes.
Queda por lo tanto varias tareas a la sociedad civil. La primera, y eso corresponde a instituciones como Transparencia, Defensoría del Pueblo, el Acuerdo Nacional, entre otras, exigir a la Comisión de Constitución del congreso que publiquen las modificaciones que piensan hacer a la constitución.
Las leyes y proyectos de ley no son secretos de estado y la ciudadanía tiene el derecho de conocerlos, debatirlos, aprobarlos o rechazarlos en un referéndum, cuando se trata de modificaciones a la constitución.
