Esta es la situación que nos tiene preocupados a quienes día a día, a través de los medios de comunicación, tratamos de generar esa consciencia necesaria para evitar más contagios: respeta la distancia social, usa mascarillas, no asistas a reuniones.
Pero eso es letra muerta para los propietarios de las discotecas y locales dónde se ejerce el meretricio clandestino en nuestra ciudad. Las autoridades han intervenido, en varias oportunidades, a las que están ubicadas en el centro histórico y en las inmediaciones de la residencia de estudiantes, pero eso de nada sirve.
Algo impide que las autoridades puedan sancionar a quienes administran esos locales y por eso se limitan a poner papeletas de multa a los jóvenes asistentes. Y sabemos, que ellos están seguros que nunca pagarán esas multas y por lo tanto, siguen desacatando las normas.
Tienen que tomarse medidas más drásticas. Aparte de estos jóvenes que desacatan a las disposiciones, existe otro sector de la población que se ha reunido en estos días, movidos por sentimientos religiosos, que respetamos, pero que ponen en peligro la vida. Dejemos de lado ese criterio, que “todo lo decide Dios” y si se contagian “será decisión de nuestro creador”.
En ambos casos la autoridad debe actuar, pues ambos se convierten en un peligro público y pueden incrementar el número de contagiados, de manera que nuevamente tendremos a personas en sillas de ruedas, sin oxígeno, esperando una cama UCI. Y muchas veces esa persona está sufriendo por la irresponsabilidad de un hijo, una hija o un hermano que se fue de jarana.
Asuman sus responsabilidades. Es cierto que por las elecciones las noticias de los muertos por el Covid ya no es noticia como fue en el mes de abril del año pasado. Ya casi nos hemos acostumbrado, pero se reportan casi una constante de cerca de 200 muertos diarios en el país por el Covid.
La fe religiosa no debe ser pretexto para burlar las disposiciones que dan las autoridades. La juventud no es una justificación para actuar irresponsablemente. Hay que pensar seriamente en las consecuencias de esos actos.
Y a los dueños y administradores de las discotecas y los prostíbulos clandestinos, denunciarlos penalmente por poner en riesgo la salud de la población.
