El presunto acuchillamiento y posterior muerte de una perrita conocida como “Negrita” en el distrito de Carmen Alto es materia de investigación preliminar por parte del Ministerio Público, en un caso que ha generado movilización ciudadana y reavivado el debate sobre la aplicación efectiva de la ley contra el maltrato animal en el país.
La denuncia fue presentada ante la comisaría del sector y actualmente el caso se encuentra en manos de la Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Ayacucho, despacho que dirige las diligencias correspondientes. Según la defensa legal que asumió el patrocinio, ya se realizaron actuaciones iniciales como la toma de declaraciones a denunciantes, testigos y rescatistas, así como la recopilación de material audiovisual que formaría parte de los elementos de convicción.
De acuerdo con la información brindada, la Fiscalía se apersonó al establecimiento donde habrían ocurrido los hechos para verificar las circunstancias y continuar con el impulso procesal. El caso se mantiene en etapa preliminar, fase en la que se determina si existen fundamentos suficientes para formalizar investigación preparatoria contra personas específicas o archivar la denuncia.
El marco legal que rige este tipo de hechos está contemplado en la Ley N° 30407 y en el artículo 206-A del Código Penal, normativa vigente desde 2016 que tipifica el maltrato animal como delito. La ley establece penas de hasta tres años de prisión para quien comete actos de crueldad contra animales domésticos o silvestres en cautiverio, y sanciones que pueden alcanzar entre tres y cinco años de cárcel cuando el maltrato ocasiona la muerte del animal, además de multa e inhabilitación.
Este caso ocurre en un contexto nacional marcado por cifras preocupantes. Diversas organizaciones estiman que en el Perú existirían más de seis millones de perros en situación de abandono. Asimismo, reportes municipales y estudios de salud pública advierten que ocho de cada diez canes no cuentan con supervisión permanente de sus propietarios, lo que incrementa riesgos sanitarios y episodios de violencia o negligencia.
En Ayacucho, colectivos animalistas señalaron que la sobrepoblación canina y felina representa un reto constante debido a la limitada cobertura de campañas sostenidas de esterilización y control reproductivo. Activistas que participaron en el rescate indicaron que la perrita fue encontrada gravemente herida y que se logró recabar evidencia audiovisual que ya habría sido puesta a disposición de las autoridades.
Los abogados que impulsan el caso precisaron que se respeta el debido proceso y las garantías constitucionales de las personas involucradas, mientras se espera el avance de las diligencias fiscales. También informaron que no existe, hasta el momento, comunicación directa con la parte investigada, aunque tendrían conocimiento de que cuenta con defensa legal.
En paralelo, ciudadanos y colectivos anunciaron plantones pacíficos en el distrito para exigir celeridad en las investigaciones y mayor fiscalización municipal en materia de bienestar animal. Las convocatorias, según indicaron, buscan visibilizar la problemática sin vulnerar derechos ni alterar el orden público.
Especialistas en derecho penal recuerdan que la aplicación efectiva de la normativa depende de la adecuada recolección de pruebas, testimonios y peritajes veterinarios que permitan determinar la causa de muerte y la eventual responsabilidad penal. La tipificación del maltrato animal como delito representa un avance normativo, pero su impacto práctico se mide en función de las investigaciones concluidas y las sentencias emitidas.
Mientras tanto, el expediente continúa su curso en el Ministerio Público y serán las diligencias en desarrollo las que definan si el caso deriva en una acusación formal. La muerte de “Negrita” ha puesto nuevamente en agenda la discusión sobre tenencia responsable, fiscalización municipal y la necesidad de políticas públicas sostenidas para prevenir el maltrato animal en el país.
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