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Cerco a Lima | Editorial

Viajar a Lima será a partir de hoy un vía crucis. Cómo en los años del terrorismo, en cada control policial bajarán los pasajeros, se deberán identificar, explicar porque viajan a Lima, su dirección en Lima, su dirección nen Ayacucho. Y, como ahora hay cámaras digitales, tomarán la fotografía de la persona y grabarán su voz.

Además, buscarán en las redes quien es la persona, y se enterarán de su nombre, verán su imagen, a que se dedica, que correo utiliza, si tiene WhatsApp, Facebook. Todos esto para “evitar” que personas violentistas lleguen a la Ciudad de Los Reyes, donde reinan Dina y Alberto.

Dejando la ironía, se esta instalando en el país, con el pretexto de la Marcha del 19 de Julio, que se ha denominado La Toma de Lima, una dictadura que no respeta los derechos ciudadanos de libre tránsito por el territorio nacional y de respeto a la identidad de las personas.

Los ciudadanos sólo nos pueden fotografiar con nuestro consentimiento y de manera obligatoria, cuando recabamos documentos de identificación: carnet universitario, DNI, pasaporte, carnet de trabajo.

También, lo puede hacer la policía, cuando te captura si tienes requisitoria dispuesta por un Juez o fiscal. Además, si eres detenido cometiendo un acto delictivo.

Pero viajar no es ningún delito. En los peores momentos del conflicto armado interno, ingresaba un policía o un soldado al ómnibus y pedía que bajen todos los pasajeros, que mostraban -en ese entonces la libreta electoral- y continuaba uno su viaje. Los que tenían requisitoria o había duda sobre su identidad, se quedaban detenidos.

En otras garitas de control, ingresaba un policía o soldado y pedía a todos sus libretas electorales. Luego de revisar, regresaba y devo9lvia uno por uno las libretas, y si había algún sospechoso, lo llamaban para que explique su situación, y muchas veces regresaba al bus.

Esta vez no será así. Ni siquiera como Estado de Emergencia, que no ha sido dispuesto, el Estado puede violar nuestros derechos fundamentales, lo que convierte a la actual administración Boluarte en una dictadura fascista, con una política represiva para la población.

En estas condiciones no queda más que una alternativa, como bien dice Rosa María Palacios, Claudia Cisneros, los dirigentes de los gremios periodísticos -a excepción de la directiva nacional del CPP- tenemos la obligación ciudadana de hacer llegar nuestra voz de protesta, que recoge la última encuesta de Datum, a quien nadie puede calificar de terruca o rojimia: el 71% de los peruanos quieren que renuncie Dina Boluarte, se cierre el gobierno y el actual presidente del congreso convoque de inmediato a elecciones.

Diario Jornada
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