La falta de titulación y deslinde territorial continúa siendo una de las principales barreras que enfrentan las comunidades campesinas de la región Ayacucho para acceder a servicios básicos como agua potable, electricidad, salud, educación, internet y transporte.
Esta problemática fue abordada durante el Tercer Encuentro Regional de Comunidades Campesinas, desarrollado en un contexto donde persisten la exclusión estructural y la vulnerabilidad jurídica de los pueblos originarios.
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Uno de los puntos centrales del evento fue el análisis de la Ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, vigente desde 1987, cuya implementación ha sido cuestionada por no responder a las necesidades actuales de los territorios comunales.
Los participantes, en su mayoría líderes comunales y representantes de organizaciones sociales de las 11 provincias de Ayacucho, expusieron cómo la ausencia de títulos de propiedad y el indefinido deslinde de sus tierras han impedido la ejecución de obras de infraestructura y la inversión estatal en sus comunidades.
“Nuestras comunidades no pueden acceder a lo básico porque el Estado exige títulos de propiedad para invertir, pero nuestras tierras siguen sin reconocerse plenamente”, advirtieron repetidamente los dirigentes.
En la región, decenas de comunidades campesinas aún no cuentan con titulación oficial de sus tierras comunales, lo cual las expone no solo al abandono del Estado, sino también al riesgo de despojo y conflictos territoriales. Esta situación ha limitado su acceso a proyectos de desarrollo y servicios esenciales, afectando directamente sus condiciones de vida y su derecho a una vida digna.
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El jefe de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, Wiber Vega, destacó que la problemática territorial fue uno de los ejes más críticos del encuentro. Subrayó que la falta de seguridad jurídica sobre sus territorios perpetúa las brechas de desigualdad y limita el ejercicio pleno de derechos fundamentales como el acceso a salud, educación, conectividad y participación en la gestión pública.
Asimismo, los comuneros precisaron que la ausencia de títulos ha imposibilitado la ejecución de proyectos básicos en sectores como saneamiento, electrificación, caminos rurales o centros de salud, lo que impacta negativamente en el desarrollo integral de sus pueblos.
Este tipo de espacios de diálogo buscan no solo visibilizar las demandas históricas de las comunidades campesinas, sino también promover reformas normativas y políticas públicas que garanticen el derecho al territorio, el desarrollo sostenible y la justicia social.
“La región Ayacucho concentra un alto número de comunidades aún sin titular, muchas de ellas ubicadas en zonas altoandinas y de difícil acceso. La falta de intervención estatal en esta materia sigue siendo una deuda pendiente en la agenda de inclusión y equidad territorial”, acotó el defensor.
Se aguarda que se puedan poner dentro de la agenda pública regional las demandas de este sector de la población.
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