Durante su visita a Ayacucho, la Coordinadora Nacional del Programa de Sexualidad y Autonomía Física del Movimiento Manuela Ramos, Elga Prado, expresó su profunda preocupación por el reciente proyecto de ley impulsado por el congresista Alejandro Muñante, que propone cárcel para las personas que denuncien violencia familiar y luego retiren la denuncia. En declaraciones a Jornada, advirtió que esta iniciativa representa “un retroceso alarmante en la protección de las víctimas”.
“El solo hecho de denunciar violencia ya implica atravesar muchas barreras emocionales, económicas y sociales. Si además se castiga el retiro de una denuncia, muchas víctimas preferirán el silencio”, sostuvo.
Prado recordó que numerosas mujeres asesinadas por feminicidio sí denunciaron a sus agresores, pero no recibieron la protección del Estado.
“No es justo que ahora el Estado las responsabilice, en lugar de fortalecer el sistema de protección”, afirmó.
La propuesta legislativa llega en un contexto de múltiples cuestionamientos al Congreso por sus iniciativas restrictivas en materia de derechos. Para Prado, el proyecto de Muñante no solo desprotege, sino que “criminaliza a quienes más necesitan ayuda”. Además, mencionó que las estadísticas demuestran que la mayoría de las víctimas de violencia familiar son mujeres y que muchas de ellas retiran las denuncias por miedo, dependencia económica o presión familiar.
“He visto casos en los que las mujeres vuelven a sus casas tras denunciar, y encuentran un entorno aún más violento y hostil”, narró.
Prado también alertó sobre una serie de iniciativas que, según su organización, buscan desmontar políticas de igualdad construidas en las últimas décadas.
“Quieren eliminar la educación sexual integral, una herramienta clave para prevenir embarazos adolescentes, abuso sexual y violencia. Es gravísimo”, dijo. En ese sentido, recordó el caso reciente de una adolescente embarazada que se suicidó en el Vraem. “¿Qué hubiese pasado si esa niña hubiera tenido información, autoestima, y alguien que la escuche? La educación sexual salva vidas”, aseguró.
Desde Manuela Ramos han hecho un llamado a la ciudadanía para no guardar silencio frente a estas iniciativas.
“Estamos viendo cómo se aprueban leyes para silenciar el arte, la protesta, los derechos. Nosotras vamos a seguir alzando la voz, pero necesitamos que la ciudadanía también lo haga. Lo que está en juego es el país, su democracia y la vida de miles de personas”, concluyó.
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