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Piden a autoridades actuar ante amenazas contra marcha de la comunidad LGTBIQ+ en Huamanga

A pocos días de la marcha del orgullo LGTBIQ+, programada para este sábado 28 de junio en Huamanga, colectivos de derechos humanos y activistas han expresado su preocupación por las amenazas y comentarios homofóbicos que circulan en redes sociales.

La coordinadora nacional del programa de Sexualidad y Autonomía Física de Manuela Ramos, Elga Prado, pidió a las autoridades locales garantizar la seguridad del evento y actuar ante posibles actos de violencia.

“Esto ya es una denuncia pública. Hay una amenaza y las autoridades tienen que tomar medidas. El colectivo, como cualquier otro grupo organizativo, tiene todo el derecho de expresarse y usar el espacio público”, declaró Prado a Jornada.

La activista señaló que más del 90% de los mensajes ofensivos detectados en redes provienen de varones, algunos de ellos con cargos públicos, lo que agrava la situación.

“Nos preocupa profundamente que funcionarios públicos estén alimentando discursos de odio. Esa violencia simbólica puede convertirse en violencia real”, advirtió.

Prado comparó lo que ocurre en Ayacucho con otras ciudades del país, donde grupos extremistas han intentado boicotear actividades pacíficas.

“En Lima ya nos ha pasado. Cualquier plantón es enfrentado por sectores antiderechos que nos atacan. No sería extraño que ocurra lo mismo aquí. Por eso es urgente que las autoridades garanticen la integridad de las personas que marchen”, dijo.

Además, cuestionó la pasividad del Estado frente a la discriminación sistemática que enfrenta la comunidad LGTBIQ+.

“No se trata solo de este sábado. Muchos no consiguen trabajo, son expulsados de sus casas o agredidos por su identidad. La violencia empieza en el hogar y sigue en la calle”, sostuvo.

La Marcha Por el Orgullo no solo busca visibilizar una comunidad históricamente marginada, sino también reafirmar su derecho a existir sin miedo.

“Este es un llamado de atención. Estamos alertando antes, para que luego no tengamos que lamentar. Las autoridades tienen la obligación legal y moral de actuar”, recalcó.

La representante de Manuela Ramos concluyó apelando a la conciencia ciudadana:

“No podemos permitir que un grupo con intereses particulares imponga el miedo. La democracia se construye desde la convivencia y el respeto”.

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