Según los hechos, en el mes de setiembre de 2016 , los acusados: CAP. PNP José Luis Rubiños Alanoca, ST1 PNP Carlos Roberto Huamán Benito, SO3 PNP Jhonatan Linares Rengifo y S02 PNP José Antonio Medina Tarazona, ingresaron al centro comercial “Mariscal Cáceres” para realizar la intervención policial sin poner en conocimiento a la Fiscalía penal de turno, en la cual intervinieron a un Stand del propietario Roamir Huamani Taboada, los imputados le exigieron que muestre el celular IPHONE 5S para comprarlo, pero el indicado propietario le señaló que no se lo podía vender porque el celular no había sido desbloqueado.
Tras la negativa del propietario, el imputado ST1 PNP Carlos Roberto Huamán Benito, le ordenó que saque todos los celulares exhibidos en el escaparate del stand (alrededor de 08 celulares). Al mismo tiempo, los acusados SO2 PNP José Antonio Medina Tarazona y SO3 PNP Jhonatan Linares Rengifo, ingresaron hasta el área de reparación, donde tomaron varios celulares (aproximadamente 20) que fueron incautados. De este modo, sin la concurrencia del representante del Ministerio Público y sin elaborar las correspondientes actas que dejen constancia de la intervención, los efectivos policiales condujeron al intervenido hasta la Comisaría PNP de Ayacucho, lo que configuró una detención arbitraria.
Al llegar a la dependencia policial, el imputado CAP. José Luis Rubiños Alanoca, abusando de su cargo y en presencia de los demás acusados, le exigió la suma de S/ 3000 soles, al mencionado intervenido, para que no se comunique el operativo a la Fiscalía penal de turno, porque significaría ser denunciado, perder sus equipos telefónicos y quedar detenido; frente a dicho acto de intimidación, el intervenido explicó que solo contaba con mil soles, ante dicha situación, el imputado cogió -como forma de pago nueve celulares valorizados en la suma total de S/. 2000 (dos mil soles) aproximadamente.
Finalmente, los integrantes de la Sala Superior, luego de realizar el juicio de segunda instancia, analizando la sentencia y recurso impugnatorio, confirmaron la responsabilidad penal de los hoy sentenciado, Además, deberán abonar la suma de veinte mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado.
