La Congresista Susel Paredes tiene en trámite en el Congreso un proyecto de ley que pretende poner en prisión a los antivacunas, es decir las personas que promuevan la negativa a cumplir con la vacunación dispuesta por las autoridades sanitarias; así la pena regular para este delito tendrá un máximo de 6 años de cárcel y puede llegar hasta 8 años si el anti vacuna genera un brote de enfermedad.
El proyecto de ley No 9975 pretende “sancionar la instigación a la no vacunación obligatoria” y para ello propone incluir el articulo 289-A al Código Penal, para que pueda ser calificado como un delito y pueda tener una pena.
¿Cuál será el delito?
La iniciativa de ley pretende sancionar a todo aquel que deliberadamente, instigue o induzca a otro a no cumplir con la vacunación obligatoria declarada por las autoridades sanitarias, o promueva la negativa a vacunar a menores o personas dependientes bajo su responsabilidad, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 5 años ni mayor de 6 años y con 180 a 360 días-multa.
Esta propuesta también considera aumentar la pena si la instigación se realiza mediante medios de comunicación masiva, redes sociales o cualquier plataforma digital, en cuyo caso tendrán una pena no menor de 5 años ni mayor de 7.
Se incrementa la pena también cuando el acto de instigación genera un brote de enfermedad que ponga en peligro la vida o la salud de un grupo significativo de personas y en tal caso el instigador tendrá una pena mínima de 6 años y una máxima de 8 años de cárcel.
¿Es necesario penalizar la antivacunación?
La congresista Susel Paredes señala que el Perú fue uno de países más golpeados por la última pandemia de COVID-19 ya que hasta junio del 2021 se registró 1,9 millones de casos y 185 500 muertos a causa del letal virus.
Por ello destaca que “la promoción de la negación de la vacunación no solo pone en riesgo la salud individual, sino que también puede tener consecuencias graves para el sistema de salud en su conjunto”.
Agrega que los brotes de enfermedades prevenibles por vacunación pueden sobrecargar los recursos médicos, afectar la capacidad de respuesta del sistema de salud y provocar un aumento significativo de las muertes a causa de estas.
La Congresista Paredes pone como evidencia de la consecuencia de la desinformación generada por los antivacunas, que en mayo del 2023 el gobierno peruano declaró la emergencia sanitaria por poliomielitis y sarampión, enfermedades erradicadas en el Perú desde 1991, por el éxito de las campañas de vacunas.
La parlamentaria puntúa que por todo esto “se hace imperativo complementar los esfuerzos del Estado con una herramienta legal que sancione la instigación al incumplimiento de la vacunación obligatoria, especialmente en contextos donde las tasas de vacunación no alcanzan el nivel necesario para garantizar la inmunidad colectiva”.
PL 9975: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjUwOTI1/pdf
