El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en Ayacucho, representado por Ronald Pizarro, expresó su rechazo frontal a la ley 32242, que establece la destitución automática de docentes, auxiliares y directores por faltas graves y delitos mayores. Según el gremio, la norma vulnera derechos fundamentales como la legítima defensa, la pluralidad de instancias y el debido proceso, consagrados en la Constitución.
Pizarro señaló que esta ley otorga a las UGEL y al Ministerio de Educación la potestad de destituir de oficio en primera instancia, lo que calificó como un atentado contra las garantías legales del magisterio.
“Esta norma no solo es inconstitucional, sino que además puede ser utilizada como una herramienta de persecución contra los maestros a nivel nacional. No vamos a permitir este atropello”, afirmó.
El sindicato ha iniciado acciones legales y políticas para revertir la aplicación de esta norma. Documentos ya han sido remitidos al Congreso y al Ministerio de Educación, y se busca el respaldo de legisladores como Flor Pablo. Además, el Sutep anunció una movilización en Lima el 30 de enero y la recolección de firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Aunque el Sutep mantiene una postura crítica frente a la ley, Pizarro aclaró que no defenderán a docentes que hayan sido hallados culpables de delitos como violación o maltrato.
“No protegeremos lo indefendible. Si se ha agotado el debido proceso y existe una sentencia firme, el responsable debe ser destituido, pero no podemos aceptar la imposición de sanciones automáticas sin respetar los derechos de los implicados”, manifestó.
La implementación de la ley 32242 ha generado un debate amplio entre la ciudadanía. Mientras sectores de padres de familia consideran que la medida es necesaria para garantizar un entorno seguro en las escuelas, el Sutep advierte que podría derivar en errores y afectar injustamente a docentes que resulten inocentes tras las investigaciones.
El sindicato reiteró su llamado al diálogo y a la revisión de la norma antes de que se reglamente en los próximos 60 días.
